El diputado socialista por Burgos, Luis Tudanca, ha defendido una vez mas la posición del grupo socialista sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña asegurando que el PP quiere reabrir una central que lleva más de un año sin funcionar haciéndole “una leve revisión”, por lo que el PSOE vuelve a pedir el cierre de la central –a través de enmiendas a una PNL del Grupo Mixto debatida hoy en el pleno del Congreso y rechazada por el PP- y denuncia que “el PP modifica las leyes para beneficiar a las eléctricas y hace un traje a medida a Garoña, mientras niega un plan de empleo a la comarca, que garantice un futuro sostenible a la zona”.

 

“No es la primera vez que se debate en esta Cámara sobre la central de Garoña, y me temo que no será la última –ha insistido Tudanca- y el caso es que la central lleva un año cerrada y de lo que no hemos hablado es de cómo revitalizar la zona, de su reindustrialización y de cómo crear empleo”.

 

En este sentido, ha recordado que hace más de un año que Garoña ha despedido a 300 trabajadores “sin que el PP haya movido un dedo, como tampoco para salvar los empleos de Montefibre en Miranda de Ebro, en la zona de influencia de la central; o para que se puedan generar nuevos con proyectos de cogeneración como Gestamp”-con los que se salvarían 700 puestos de trabajo en la zona- y ni siquiera mantuvieron el plan Reindus, por el que se podían haber invertido 50 millones en dos años”.

 

Para el diputado, lo que en realidad subyace es que “el PP se ha vendido a las grandes eléctricas y ha hecho un traje a medida a Garoña, mientras sube el recibo de la luz a los ciudadanos”.  Y acusa al Gobierno de Rajoy de haber eximido a Garoña del pago del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, con “Ley de Medidas fiscales para la sostenibilidad energética, perdonándoles 150 millones de euros”; y de haber modificado el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas para que hacer la evaluación a los reactores de más de 40 años en sólo un año, con el Real Decreto 102/2014.