El procurador socialista David Jurado ha reclamado hoy, en relación a la circular enviada por el delegado territorial de la Junta en Burgos a tres funcionarios de la sanidad en la que les reprochaba sus denuncias, al consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, que cese al delegado territorial de la Junta en Burgos o “deberá ser usted quien dimita”.

En la misiva les reprochaba a estos trabajadores que participen en foros públicos sin el conocimiento de la Junta y que estas intervenciones se utilizaran para criticar las políticas de su empresa, lo que no dudaba en tachar de “deslealtad”.

Así, para Jurado, el comportamiento del máximo responsable de la Administración regional en Burgos, Baudilio Fernández-Mardomingo, es “inaceptable”, motivo por el que hoy, durante la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, le ha preguntado qué opinión le merecía estas “coacciones” a estos funcionarios a los que, a su juicio, “nada se puede reprochar, puesto que su única función es luchar por una sanidad pública y de calidad”.

Además, una vez formulada la pregunta, la respuesta del ‘popular’ ha sido, para el parlamentario socialista, “una lamentable manera de evadir el tema”, puesto que se ha limitado a “rechazar que se hayan producido coacciones que por otra parte, son imposibles de rebatir, puesto que hay una carta que se ha hecho pública en la que se pueden comprobar”; y a invitar al socialista a que si entiende que se ha producido ese delito, “vaya a un Juzgado”. Una reacción, la del consejero, “indigna”, por la que él, al igual que Fernández-Mardomingo “deberían abandonar inmediatamente el cargo que ostentan”, opina Jurado. 

No sólo eso, también ha negado las consecuencias de los recortes en Atención Primaria que, lamenta Jurado, “azotan” a nuestros municipios. En definitiva, resume, ésta es la respuesta de un alto cargo de la Junta: “mentiras y chulería”. 

Así, hoy Jurado ha recordado que “la Junta no es una empresa, sino una institución, por lo que los empleados son de todos y tienen plena libertad para participar en las charlas que quieran”,  unas actuaciones “completamente legítimas en su derecho a la libertad de expresión”.

“Lo que pretendía Fernández-Mardomingo es infundir miedo para que no denuncien el deterioro que están sufriendo los servicios públicos sanitarios de la provincia y de la Comunidad por las decisiones que toma el Gobierno autonómico”, ha lamentado el socialista.