La secretaria de Organización del PSOE de Burgos, Esther Peña Camarero, considera que el “varapalo” del Consejo de Estado a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local exige la suspensión inmediata de su aplicación, “por lo menos hasta que el Tribunal Constitucional dicte sentencia”.

Después de casi dos meses de espera, el supremo órgano consultivo del Gobierno ha emitido el dictamen previo a la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local y “respalda las tesis del PSOE en cuanto a la inconstitucionalidad de esta regulación”, subraya. En su opinión, se trata de  “una excelente noticia” para los 3.000 municipios españoles, 59 de ellos, de la provincia de Burgos, que han interpuesto el recurso ante el Tribunal Constitucional, “frente al ataque del Gobierno a los servicios que recibe la ciudadanía”.

La número dos de los socialistas burgaleses recalca que Burgos es la provincia española con  mayor número de entidades locales menores (652), las más perjudicadas con esta reforma, y 371 municipios. “De hecho, estas fueron las razones por las que el PSOE escogió esta ciudad para el inicio de la campaña en contra de este despropósito del Gobierno de Rajoy, que entraña un gravísimo ataque el medio rural y a la calidad de vida de sus habitantes”, apunta.

“Los socialistas nos propusimos combatir esta reforma ante el Tribunal Constitucional a través de tres vías y ahora vamos a dar el siguiente paso con un recurso junto con la mayoría de fuerzas políticas”, adelanta.

Los motivos fundamentales que el Consejo de Estado esgrime en contra de esta Ley son la coordinación por parte de las diputaciones provinciales de la prestación de servicios mínimos en los municipios de menos de 20.000 habitantes- en la provincia, todos salvo Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro-, la determinación, cálculo y efectos prácticos del coste efectivo de los servicios y la posibilidad de que la Junta de Gobierno Local adopte decisiones fundamentales del municipio. Aspectos que coinciden con las principales críticas de los socialistas a la reforma local. 

“El Consejo de Estado, como el PSOE, considera contrario a la Constitución despojar a los municipios de menos de 20.000 habitantes de sus competencias básicas, como la recogida y tratamiento de residuos, el abastecimiento de agua potable a domicilio o la pavimentación de vías urbanas y el alumbrado”, señala Peña Camarero.

Según la también diputada provincial socialista, “existe el riesgo de que muchos de esos servicios acaben en manos privadas, lo que los encarecería y alejaría de la ciudadanía, y eso no lo podemos consentir”.