Nuevo capítulo del empeño del Ayuntamiento de Cavia por seguir adelante con una obra ilegal: la ampliación de una nave almacén, propiedad del marido de la que fuera teniente de alcalde en la anterior legislatura, que no disponía de licencia de obras y que parte de la misma se levantó sobre suelo municipal.

El esfuerzo de la que entonces fuera alcaldesa, y que ahora permanece en el cargo, Elena González, por dejar que continúe esta obra ilegal y no derruir lo que ya está construido la llevó a iniciar en 2011 un expediente de forma irregular de paralización y derribo, de manera que el interesado recurrió al Contencioso Administrativo ese trámite alegando defecto de forma y los Tribunales le dieron la razón.

De esta manera, se provoca una demora totalmente pretendida, a juicio de los socialistas, por parte de esta alcaldesa del PP y que ha tenido como consecuencia que la Diputación Provincial expida un informe en el que especifica que la posibilidad de anular cualquier obra prescribe a los cuatro años que transcurren desde que fueron iniciados los trabajos.

Los socialistas, que insisten en que desde el Ayuntamiento se ha realizado todo lo posible por continuar con este proyecto a sabiendas de que era ilegal, aclaran que este informe de la Institución provincial, en el que pretende escudarse la alcaldesa para dejar que la obra continúe, no excluye, en ningún caso, la posibilidad de reiniciar el procedimiento de derribo de obras y paralización que está en curso.

Por tanto, los concejales socialistas del Ayuntamiento de Cavia, Enrique Martínez y Jorge Vivar, exigen de nuevo que la alcaldesa retome este trámite conforme a la legalidad vigente y piden a la Fiscalía que investigue un posible delito de prevaricación por dejación de funciones.

Antecedentes.  El secretario general del PSOE de Burgos, Luis Tudanca, recuerda que ya en 2011 pidió al presidente de los ‘populares’ burgaleses, César Rico, que hiciera cumplir la legalidad urbanística en este municipio. Así lo hizo después de que el Pleno municipal celebrado en junio de 2011 acordara, a instancias de la alcaldesa, paralizar el expediente sancionador que obligaba al derribo de esta edificación.

Tudanca destaca que la denuncia que hoy realizan los socialistas es exactamente la misma que la de entonces. “La actuación de la regidora de Cavia evidencia la manera en la que el PP de Burgos entiende la política, ya que pretende beneficiar a un vecino solo por cuestiones de afinidad política, cuando la única solución legal posible es el derribo de la edificación”, denuncia.

Por ello, exige a César Rico que “intervenga de una vez y demuestre con su intermediación que sí está del lado de la legalidad y que abandona su papel de cómplice en semejante escándalo”.

Hace tres años, recuerda, Rico ‘respondió’ a la crítica de Tudanca eligiendo la localidad de Cavia como escenario de un “macroencuentro del Partido Popular”. En esta ocasión, el líder de los socialistas burgaleses confía en que “recapacite”  de manera que no se vea en la obligación de repetirle al hoy también presidente de la Diputación Provincial que “se debe cumplir la ley”.