El senador socialista Ander Gil, considera que “la derecha no tiene proyecto para Las Merindades”. Así lo ha afirmado en una tertulia en la que participó anoche invitado por la Sociedad Deportiva de Puentedey, en la citada localidad, y en la que ha criticado las consecuencias que esa carencia está suponiendo para la comarca.

Entre los aspectos que achacó a la “pésima” gestión del Partido Popular, el parlamentario se refirió a la despoblación, ya que “a pesar del triunfalismo del PP, en esta comarca hay 119 desempleados y desempleadas más desde que Rajoy llegó a la Presidencia del Gobierno”, pasando de los 1.682 de octubre de 2011 a los 1.801 de agosto del presente año.

Según explicó en su exposición, en los dos últimos años se ha multiplicado por cuatro la despoblación en la comarca, que ha perdido cerca de un millar de habitantes en este periodo, mientras que en los dos años precedentes perdió unos 250. 

Los recortes en asistencia sanitaria con el Plan de Reorganización de Atención Primaria de la Junta de Castilla y León, que ha supuesto el traslado a centros urbanos desde la comarca de tres médicos y dos enfermeros, son otra “nefasta consecuencia”. Así, Espinosa pierde un médico y un enfermero, Sedano y Valle de Valdebezana un médico cada una y Villarcayo un enfermero. “No se trata de una reestructuración, sino de otro recorte más y con la misma víctima: el mundo rural”, señaló.

El senador socialista reiteraó que las prioridades del Partido Popular no pasan por salvaguardar los intereses de los y las habitantes del medio rural. El máximo exponente de esta afirmación lo constituyen, según destacó, los ocho permisos de exploración de hidrocarburos concedidos en las Merindades, con la oposición mayoritaria de sus habitantes y las asociaciones de la comarca y la apuesta del PP por la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña.

Para Gil, la utilización de la fractura hidráulica supone “un alto riesgo para las tierras de la comarca” y “no aporta una gran cantidad de puestos de trabajo, puesto que se trata de un método intensivo en mano de obra”. 

En cuanto a la apuesta del Partido Popular por prolongar la vida útil de la planta atómica burgalesa, “con modificaciones legales a la carta y exenciones de impuestos millonarias a favor de sus propietarios”, el senador socialista incidió en la “irresponsabilidad” que supone la “desaparición del Plan Reindus para el desarrollo económico de la zona de influencia de la central”.

Además, subrayó el hecho de que “desde Europa reconocen que el Gobierno español no ha enviado toda la información sobre sus planes para Garoña”, lo que evidencia, según Gil, que “el PP, en connivencia con las eléctricas, está jugando al escondite con los ciudadanos, nada menos que con un viejo reactor nuclear”.

En su intervención, el senador socialista criticó también la reforma de la Ley Orgnánica del Poder Judicial en materia de Demarcación y Planta, y sus consencuencias para Las Merindades, en donde, de sus 27 ayuntamientos, solo Medina de Pomar supera los 5.000 habitantes. “Esto convertiría al Juzgado de Primera Instancia de Villarcayo en sede desplazada de la demarcación provincial, que tendrá su cabecera principal en Burgos capital. “Por lo tanto, aunque se mantenga el edificio, se convierte en una sede sin autonomía y dependiente de la capital”, matizó Gil.

“No solo los ciudadanos, sino también gran parte de los juristas opinan que la sede de Villarcayo perderá estatus y autonomía frente a Burgos, que los jueces perderán su autonomía organizativa y funcional, y que podrán ser más controlados por el poder polítco”, dijo.

Sobre la reforma local, el parlamentario socialista recalcó que la ley transfiere las grandes decisiones y las competencias de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes a las diputaciones que, además, son instituciones que no han sido elegidas por los ciudadanos. “Esto afectaría a la totalidad de municipios de Las Merindades”,  aseveró.

 “La ley pone en el filo de la navaja a los más débiles, a aquellos ciudadanos que ahora reciben servicios sociales de los ayuntamientos, como la ayuda a domicilio o las ayudas de emergencia social y abre la puerta a la privatización de muchos servicios públicos, por lo que ni siquiera convence a alcaldes y alcaldesas del PP”, concluyó.