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El PSOE de Burgos exige a la Junta un compromiso de financiación previo al desarrollo de las nuevas áreas funcionales de la ordenación territorial
12/09/2014
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Esther Peña Camarero reivindica la puesta en marcha de la Ley de Participación de las Corporaciones Locales en los Ingresos de la Comunidad
La secretaria de Organización del PSOE de Burgos, Esther Peña Camarero, exige a la Junta de Castilla y León un compromiso de financiación previo al desarrollo de las nuevas áreas funcionales que contempla en la ley de ordenación del territorio.
La también diputada provincial califica de “ciencia ficción” los objetivos que señala la Administración autonómica de optimización en la prestación de servicios y en la asunción de competencias con la creación de las áreas funcionales estables “si no se acompaña su constitución de una dotación económica adecuada”.
Por eso, la número dos de los socialistas burgaleses advierte de que “sin financiación, no hay nada de qué hablar”, en relación a la propuesta del PP, que contempla para la provincia tres áreas funcionales estables: Burgos, con 31 municipios; Miranda de Ebro, con 8; y Aranda de Duero, con 23.
Para Peña Camarero, esta reagrupación de municipios para la prestación de servicios que propone la Administración autonómica es inasumible sin un compromiso financiero previo, puesto que “de lo contrario, puede generar serios problemas a algunos ayuntamientos de cabecera, que podrían verse obligados a asumir con fondos propios los servicios comunes”.
Para evitar este tipo de problemas derivados de la nueva organización, la socialista reivindica a la Junta de Castilla y León la puesta en marcha de la Ley de Participación de las Corporaciones Locales en los ingresos de la Comunidad Autónoma, tal y como exige la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el territorio. En su opinión, éste debe ser un paso previo, “o al menos paralelo” al resto del desarrollo de la citad ley y, en concreto, a la delimitación de las áreas funcionales estables.
Mientras tanto, los socialistas burgaleses instan al Gobierno autonómico a posponer el debate acerca de la delimitación de las citadas áreas o espacios geográficos constituidos en torno a los municipios de más de 20.000 habitantes.





