El Pleno de la Diputación Provincial de Burgos ha aprobado por unanimidad las dos proposiciones que ha registrado para su debate el Grupo Socialista. La primera, destinada a instar al Ministerio de Fomento al impulso del Corredor Atlántico ferroviario, ha incorporado, por acuerdo de los grupos, una petición al Ayuntamiento para que se implique en cuantas iniciativas sean necesarias para la consecución de dicho fin.

 

Ese acuerdo plenario supone, además, que la Institución provincial instará a la Junta de Castilla y León a incrementar la promoción industrial de Burgos. Para los socialistas, si la conexión ferroviaria de alta velocidad con Europa es fundamental, también lo es la creación de infraestructuras necesarias para la implantación de industria.

 

El  portavoz del PSOE en la Diputación ha vuelto a denunciar el “insoportable” retraso que acumula la ejecución del Parque Tecnológico de Burgos, que atribuye a una “decisión política” y consciente de la Junta de Castilla y León, la Administración responsable, porque “no es posible que el consejero de Economía, Tomás Villanueva, sea tan incompetente”. 

 

La otra proposición socialista que ha aprobado el Pleno por unanimidad es la que pedía a la Junta incrementar la financiación que recibe la Universidad de Burgos, (UBU), y la implantación de las titulaciones de Medicina, Farmacia y Fisioterapia que su rector reclama para la Facultad de Ciencias de la Salud. El respaldo de los grupos ha sido unánime también en este punto, a pesar del continuo rechazo del consejero de Educación, Juan José Mateos, y con el que el PSOE se ha mostrado crítico, ya que, como sostiene Jiménez, la Junta no puede poner en duda la solvencia de las peticiones del rector.

 

 Otro de los aspectos que ha abordado el Pleno ha sido la proposición del Grupo Mixto para instar a la Junta de Castilla y León a retirar el impuesto de ventas minoristas de hidrocarburos. Una reiterada demanda socialista también que, sin embargo, ha encontrado el rechazo frontal del Partido Popular, empeñado en actuar en sintonía con la propuesta de “Valladolid”, como ha insistido el portavoz Borja Suárez. 

 

El PP se muestra satisfecho con  la reducción del 4,8 al 1,6 de este impuesto que ha anunciado para 2015 el presidente autonómico, Juan Vicente Herrera. Esta formación se empeña en defender que su aplicación es necesaria para sostener la sanidad. Sin embargo, su portavoz no ha sabido contestar a los reproches de la diputada provincial socialista Esther Peña Camarero sobre los importantes recortes en Sanidad que ha realizado la Junta a pesar de este impuesto y la merma en la recaudación que ha supuesto.

 

Borja Suárez se ha limitado a admitir esos recortes y a asegurar que, sin este impuesto, habrían sido mayores, con lo que la mayoría absoluta del Partido Popular ha tumbado la petición de instar a la retirada de este impuesto, antes denominado céntimo sanitario, en contra del criterio de la oposición.

 

“Con esta decisión, una vez más, el PP deja en inferioridad de condiciones a los burgaleses”, se ha quejado Peña Camarero, puesto que son muchos los negocios que se están cerrando a causa de este impuesto, que no se aplica por ejemplo, en la comunidad vecina del País Vasco.

 

Sí ha prosperado, sin embargo, la otra moción del Grupo Mixto para pedir al Ministerio de Fomento que agilice las obras de la A-12 en la provincia. Una reivindicación que el Grupo Socialista ya realizó hace dos años hasta en dos ocasiones, dentro de su documento de inversiones prioritarias a sugerir al Gobierno y que el PP votó en contra, mientras que UPyD se abstuvo. Por eso, el portavoz socialista en la Institución provincial, José María Jiménez, ha celebrado que por fin estas dos formaciones se sumen a esta petición.

 

El orden del día de este Pleno, además, incluía un punto en el que los socialistas han hecho constar su preocupación: la propuesta de renuncia formal de la concesión demanial de dos inmuebles de titularidad estatal (almacén de Carrecalzada y caseta refugio de San Llorente de la Vega), con destino a su explotación como centro turístico. En la práctica, este acuerdo se traduce en que pasará a gestionarlos el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental, que, sin embargo, no hará lo mismo con el barco del Canal de Castilla, la tercera pata de este proyecto.

 

El portavoz del Grupo Socialista, José María Jiménez, ha aprovechado el debate de este punto para criticar la mala gestión de este proyecto desde el principio, que está arrojando unos resultados económicos negativos que ni siquiera la Diputación es capaz de evaluar. De hecho, ha preguntado por el futuro del barco, cuya explotación es deficitaria incluso en agosto, y del capitán que la Institución provincial mantiene en nómina, y el PP no ha sabido contestar. Todo lo que ha dicho al respecto el portavoz de los populares, Borja Suárez, es que “ya veremos cómo queda la gestión del barco” y que el déficit que arrojan estas instalaciones se debe a la crisis.

 

Y en el turno de ruegos y preguntas, los socialistas han realizado dos preguntas y un ruego. La primera pregunta, de la mano del diputado Javier Lezcano, que se ha interesado por el número de entidades locales menores que ha acudido a la segunda convocatoria de la Diputación para elaboración de presupuestos y cuentas generales, ante la sospecha de que han sido muchas menos de las esperadas. La respuesta, llegará por escrito, tal y como ha prometido el presidente de la Diputación, César Rico.

 

La segunda pregunta la ha realizado Purificación Rueda, que quería conocer si Rico ratifica la afirmación de la consejera de Familia, Milagros Marcos, de que la Junta ha pagado a las corporaciones locales el 96% de lo comprometido en el acuerdo marco de servicios sociales. Una pregunta que Rico no ha sabido responder en el momento y para lo que ha prometido otra respuesta escrita. Esto ha suscitado un ruego de la diputada socialista: “Yo le rogaría que aconsejara a la consejera que no mienta tan alegremente, puesto que, en el caso de Burgos, esos pagos alcanzan solo el 30%”.