Yo siempre he defendido y defenderé la Ley de dependencia ante las voces críticas del colectivo que apostaban por modelos elitistas, que solamente tienen una visión de la discapacidad, la suya. Pero quizás si se quedó algo en el tintero, algo que sin sustituir a la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, si la puede complementar a partir de 21 de noviembre de este año, la LIONDAU.

Corría el año 2006, los borradores de la conocida como Ley de dependencia se sometían a las alegaciones por las asociaciones de personas con discapacidad, con algunos enfrentamientos que no vienen a cuento y que terminaron con pulletazos en la mesa y portazos. Esas desavenencias eran relativas a cantidades destinadas, filosofía de la Ley o figuras como el asistente personal y su viabilidad o no.

Pero lo que creo que pocos sabíamos, al menos yo no hasta que mi amiga Melania me habló recientemente de ello, es que en 2003 hubo una Ley eclipsada por la Ley 39/2006, la LIONDAU (Ley de Igualdad, No Discriminación y Accesibilidad Universal). Esta Ley se centraba más en los derechos de ciudadanía de las personas con discapacidad y seguramente su pleno desarrollo hubiese contentado a aquellas personas que reivindicaron en su momento la parte de Autonomía Personal de la Ley 39/2006. Así, el fin de esta Ley era establecer medidas para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad (recogido en la Constitución Española en sus Artículos 9.2, 10, 14 y 49).

La norma se encargaba de unificar las condiciones requeridas por las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. También establecía unas condiciones básicas para garantizar la accesibilidad desde el diseño pensado en todos y la autonomía personal.

Esta normativa se basaba en los siguientes puntos:

• No discriminación

• Acción positiva

• Accesibilidad universal

Para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, la LIONDAU contaba con una herramienta donde se pueden realizar reclamaciones o quejas a la Administración cuando los derechos de las personas con discapacidad se considerasen que habían sido vulnerados.

Finalmente, el PP derogó en noviembre de 2013 la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi), la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU) y la Ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Esto lo hicieron mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Esta Ley da mucha más importancia al trabajo y a la vida independiente, cuestión casi imposible para muchas personas con discapacidad y dependientes, que a la protección social, la cual, en su artículo 48 supedita a la sostenibilidad del servicio. Mientras en su artículo 49, pone a la administración al mismo nivel que las ONG`s como prestadoras de esos servicios, abriendo la puerta a una privatización encubierta.

En cuanto a la Ley de Dependencia, esta no fue derogada oficialmente, pero si tácitamente, como ya sabemos.

Creo que no se debe mezclar todos los aspectos de un colectivo en una sola Ley, imaginemos que eso se hiciese en el caso de las personas sin discapacidad, ridículo ¿no? Por todo ello, pido que volvamos al espíritu de la LIONDAU y la Ley de Dependencia por separado, garantizando así la diferencia en igualdad y no dejando atrás a nadie.