El Grupo Socialista  ha pedido a los alcaldes del PSOE que prioricen aquellas inversiones que incentiven la creación de empleo en sus respectivas localidades. Así se lo han trasladado los diputados provinciales socialistas a los regidores que tiene este partido en Burgos, en el encuentro que han mantenido esta tarde en la Diputación y al que también han asistido portavoces municipales socialistas, para abordar los objetivos del presente ejercicio y estudiar las principales necesidades del medio rural.

 

El desempleo, que afecta a más de 30.000 personas en la provincia, “es el principal obstáculo que encuentra el desarrollo del medio rural y resulta fundamental salir de esta crisis sin dejarse a nadie en la cuneta”, ha dicho el portavoz del PSOE en la Institución provincial, José María Jiménez. En ese sentido, ha lamentado el rechazo del PP a la batería de propuestas para el crecimiento económico de la provincia que presentó el Grupo Socialista en la Diputación.

 

Durante el tradicional encuentro de inicio de curso, los diputados provinciales socialistas y los alcaldes de esta formación han analizado también el reparto de subvenciones de la Diputación previsto para el presente ejercicio, así como las principales necesidades de los pueblos. Así, la diputada provincial socialista Esther Peña Camarero ha animado a los regidores a realizar sus sugerencias y propuestas para combatir esos problemas, derivados en su mayoría de los recortes que ha aplicado el PP con la excusa de la crisis, “porque nuestros alcaldes son el mejor referente del PSOE para explicar que tenemos propuestas concretas”. 

 

Los diputados provinciales socialistas han reiterado hoy su agradecimiento a la dedicación de los alcaldes y concejales de esta formación en la provincia- el PSOE gobierna en 74 ayuntamientos y más de 130 pedanías- porque son quienes mejor entienden y resuelven los problemas de sus vecinos y vecinas. Hoy han señalado que todavía espera una respuesta del presidente de la Diputación, César Rico, a quien el Grupo Socialista urgió en el Pleno de enero que realizara las gestiones oportunas para garantizar una moratoria a las pedanías que no pudieron presentar sus cuentas para el 31 de diciembre de 2014 y que, como establece la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración de la Administración Local, están en riesgo de disolución.