No descarta acudir a la Fiscalía ante la gravedad de los hechos

El portavoz socialista en la Diputación Provincial, José María Jiménez, solicita la reunión urgente de la comisión liquidadora del Patronato de Turismo, y es que si no se dan “explicaciones coherentes” sobre las decisiones tomadas por parte del presidente del Instituto Municipial de Cultura y Turismo, Fernando Gómez, desde que este ente se disolviera, el PSOE anuncia que acudirá a la Fiscalía porque a su juicio ha habido "un abuso de poder". De hecho, apunta que podría haber una presunta prevaricación en esas actuaciones.

Así las cosas, lo sucedido desde el 31 de agosto de 2012, cuando este ente se disuelve quedando sus miembros -entre los que figuraba Jiménez- constituidos como Comisión liquidadora, requiere que se produzca esa reunión y se expliquen determinadas actuaciones que el socialista tacha de “sorprendentes”.

Una vez liquidado el Patronato, se acordó que el entonces presidente, Fernando Gómez, quedase encargado de realizar todas las gestiones pendientes, “que eran pagar lo que se debe y cobrar lo que nos deben”, ha especificado.

Sin embargo, durante este periodo se han tomado decisiones políticas y económicas sin contar con la citada comisión (que nunca se ha reunido), ni sus miembros, que además han supuesto un importante coste para las arcas públicas. “Hay un problema de liquidez que hace que los trabajadores del Patronato no puedan cobrar las cantidades que obligan las sentencias judiciales, que les han dado la razón en el despido que tuvieron”, ha explicado.

El Patronato tenía cuatro trabajadores y el PP decidió -a pesar de los votos en contra que hubo, entre ellos, el del PSOE- que fueran despedidos ese 31 de agosto. Este ente consideró que éstos eran procedentes y “evidentemente los afectados recurrieron a los tribunales”. 

De esta manera, la primera decisión política que se toma al margen de la comisión, recurrir la sentencia -favorable a los trabajadores- al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), lo que conlleva un coste de 12.000 euros que tampoco se han podido abonar. “No podemos entender cómo se puede tomar una decisión de este calado sin convocar a la comisión liquidadora”. El TSJ da de nuevo la razón a los trabajadores y convierte el despido procedente en improcedente obligando al Patronato a abonar más de 90.000 euros a tres de los trabajadores.

Además, Gómez ha sido incapaz de cobrar todas las deudas pendientes, como una de la Cámara de Comercio que asciende a más de 30.000 euros y a otra del Ayuntamiento arandino, de casi 4.000. Por lo tanto, las cuantías que hay que abonar a los empleados, “con una cuenta con saldo cero” no se puedan pagar (han cobrado dos de tres trabajadores, pero un tercero, solo una parte).