El Grupo Socialista en la Diputación de Burgos considera “una barbaridad” la reducción asistencial en el Servicio de Ayuda a Domicilio que pretende aplicar esta Institución en la provincia a partir del próximo 1 de octubre y le pide que rectifique.

Los diputados provinciales del PSOE están convencidos de que esta Administración puede compensar con fondos propios los recortes derivados del Real Decreto del Gobierno que modifica la Ley de la Dependencia y de la merma de ingresos de la Junta, si sabe priorizar sus gastos. O lo que es lo mismo, que podrá mantener las horas y la calidad del servicio si se ahorra pagos impropios y cuya financiación compete a la Administración regional, como es la colaboración económica con la UNED y con la Escuela de Relaciones Laborales, que supone un desembolso superior a los 600.000 euros anuales.

Si a esa cifra se suma el coste de la Vuelta Ciclista a Burgos, que ronda el medio millón de euros, el montante global compensa con creces el ahorro de 840.000 euros anuales en el servicio de Ayuda a Domicilio que prevé la Diputación. Así evitaría, por ejemplo, que una persona mayor que viva sola en un pueblo y que padezca artrosis pase de tener derecho a una asistencia de dos horas diarias a gozar de dos horas semanales de ayuda domiciliaria. Porque esos son los planes del equipo de Gobierno provincial del PP con los nuevos baremos, según la diputada socialista Esther Peña Camarero.

Los nuevos baremos suponen un recorte del 22% en la prestación del servicio

Según explica Peña Camarero, los nuevos baremos implicarán nuevos intervalos de valoración de los grados de dependencia que no atienden a la situación sociofamiliar de los usuarios y usuarias del servicio, y que suponen un recorte del 22% en su prestación.

Estas modificaciones se traducirán en que de un grado tres de dependencia se pasará de un intervalo de horas mensuales prestadas de entre 55 y 90 a otro de entre 46 y 70. Así, con un grado dos se pasará de un intervalo de entre 30 y 50 horas a uno de entre 21 y 45; y un usuario con un grado uno de dependencia pasará de beneficiarse de entre 12 y 30 horas mensuales de ayuda a domicilio a disfrutar menos de 20.

Eso en cuanto a las ayudas derivadas de la Ley de Dependencia, porque el resto de ayuda no esencial, la que se presta a través de la Ley de Servicios Sociales, pasará a ser de un máximo de 11 horas mensuales.

El PP ‘vende’ que el servicio está garantizado mientras ordena reducirlo

Peña Camarero ha aclarado la información que el diputado provincial responsable del área, Jorge Mínguez, ha intentado vender en positivo sobre la reducción del servicio: “Los usuarios reales a julio de 2012 del Servicio de Ayuda a la Dependencia a través de esta Diputación son 1.192 en la provincia, de los cuales 842 son objeto de la reducción de esta prestación. De estos, 308 tienen reconocido un grado de dependencia y el resto, 534, reciben ayuda a domicilio hasta ahora como prestación esencial, pasando de un intervalo de entre 12 y 20 horas de prestación a 11 horas como máximo”, ha precisado.

La diputada socialista no entiende cómo Mínguez asegura que la Diputación está en disposición de garantizar el servicio en el que caso de que aumente la demanda, cuando los trabajadores y trabajadoras de los CEAS recibieron en el pasado mes de julio una instrucción del Área de Servicio a Domicilio para que no dieran más altas en el mismo ni aumentaran las horas a los que ya eran usuarios. Esta circular interna añadía que “a los que tengan reconocida dependencia hay que informarles sobre la prestación vinculada para que puedan comprar el servicio de forma privada”.

Lamenta, además, que con el Real Decreto del pasado mes de julio desciendan en un 15% las prestaciones para los cuidadores en el entorno familiar, “que dejarán de cotizar a la Seguridad Social, quedando desprotegidos y en una situación de práctica ilegalidad”.
Puestos de trabajo en el aire

El Grupo Socialista recuerda que a la desprotección en la que dejará sumidos a “muchísimos mayores de los pequeños pueblos de la provincia” la Diputación con esta drástica reducción, se suma la del 90% de trabajadores y trabajadoras de la empresa concesionaria que presta el Servicio de Ayuda a Domicilio.

“Son más de 390 y más del 90% se verán afectados por esta reducción horaria. Van a pasar a jornadas mínimas y las bases de cotización van a ser las más bajas posibles”, advierte Peña Camarero. Por ello, el PSOE pedirá que se reúnan el comité de empresa, los responsables de la Diputación y los trabajadores para llegar a un acuerdo en el mantenimiento de los puestos de trabajo y “con un empleo en condiciones dignas”.

“Y es posible. Se pueden mantener tanto las horas de servicio como los puestos de trabajo, como lo están haciendo el resto de instituciones responsables, por ejemplo, el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, donde el servicio de ayuda a domicilio no sólo se mantiene, sino que todas las ayudas en servicios sociales y para los más desfavorecidos van a aumentar incluso en un 10% para el próximo ejercicio”, recalca la diputada provincial socialista.

El PSOE reclama al PP una rectificación como ha hecho con las tasas de las residencias

El PSOE considera que si el equipo de Gobierno de la Diputación ha podido rectificar en la subida de las tasas de las residencias de mayores que aprobó en julio, a petición del Grupo Socialista, también puede hacerlo en el caso de la Ayuda a Domicilio.

El portavoz socialista en la Institución provincial, José María Jiménez, ha recordado el acuerdo que su Grupo alcanzó con el PP para minimizar la subida de las tarifas de las residencias de mayores, por el que el precio para los usuarios pasará a ser de 1.350 euros mensuales, en consonancia con los precios de los centros dependientes de la Junta de Castilla y León.

Jiménez ha subrayado que, a pesar de que para el PSOE la mejor solución hubiera sido no aplicar ninguna subida a estos precios, al menos los usuarios no tendrán que hacer frente a los pagos que preveía la Diputación: de 1.778 euros mes para válidos, de 1.7803 euros mensuales para asistidos de grado 1 y de 2.181 euros al mes para asistidos de grado 2; lo que para algunos usuarios suponía incluso el triple de lo que pagan en la actualidad.

La marcha atrás del PP en la aplicación de este aumento tras las conversaciones con el PSOE le llevan al portavoz socialista a defender una nueva negociación en el caso del servicio de ayuda a domicilio a fin de evitar la reducción “tan drámatica” que pretende el equipo de Gobierno en su prestación.

De otra manera, sostiene, no se entiende la defensa a ultranza que hace el presidente de la Diputación, César Rico, del papel de esta Institución y de la necesidad de potenciarla. “Por cierto, que si busca este objetivo no se entiende que en sus alegaciones a la nueva ordenación del territorio de la Junta pida restar a la Diputación de Burgos las competencias en Carreteras, Educación, Sanidad, Servicios Sociales, residencias de mayores y en todo lo relacionado con zonas de esparcimiento y áreas recreativas”, ha apostillado.

Jiménez denuncia la “escasa sensibilidad” del presidente de la Administración provincial hacia la prestación de servicios sociales, “porque es precisamente a lo primero a lo que pide renunciar” y critica también que Rico reclame la asunción de competencias en Urbanismo, “que significa asumir lo que ahora hace la Junta en relación a la aprobación definitiva de todos los instrumentos urbanísticos; que pida que la Diputación se encargue de ordenar el territorio y que tenga competencias en selección de cargos como los secretarios municipales”.