Vivimos en una sociedad en la que nos encanta etiquetar todas las actividades que se realizan a nuestro alrededor. En los últimos tiempos ha prosperado otra de estas clasificaciones: la nueva y la vieja política. Yo tengo 30 años, pero como milito en un partido con historia, como es el PSOE, pues me toca ser de la vieja política. Pues bien. Evidentemente son términos que utilizan los nuevos –o no tan nuevos- partidos para diferenciarse de los que han sido históricamente mayoritarios en nuestro país y que han tenido responsabilidades de gobierno.

Yo hago otra clasificación: la buena y la mala política. Desde que se constituyó la nueva corporación provincial tras las elecciones municipales de mayo, mi empeño ha sido que los siete diputados provinciales del Grupo Provincial Socialista hiciéramos buena política, ejerciendo como principal grupo de la oposición frente a un Partido Popular que mantuvo la mayoría absoluta, pero esta vez por un solo diputado. Y hacer buena política no es regalar los oídos a nadie, proponer cosas irrealizables por el hecho de estar en la oposición, ni prometer imposibles.

Todo lo contrario. A veces, aunque sea desde la oposición, hay que tomar decisiones complicadas. Hacer buena política es plantear, de una forma responsable, soluciones reales y posibles a los problemas de los vecinos y las vecinas o, en nuestro caso, de los ayuntamientos de la provincia.

Bajo estas premisas hemos iniciado los socialistas el primer año de este mandato, presentando un total de seis proposiciones para su debate en el Pleno de la Diputación Provincial, algunas de ellas aprobadas por unanimidad de todos los grupos políticos. Iniciativas que van desde el refuerzo que precisa la atención primaria sanitaria en nuestros pueblos, especialmente en los meses estivales, hasta la solicitud al Gobierno de España de la derogación de la reforma local que aprobó el PP casi en solitario y que supone un ataque sin precedentes a la autonomía municipal que tenían garantizados nuestros ayuntamientos como instituciones más cercanas a la ciudadanía.

Este asunto, por cierto, puso de manifiesto la incompatibilidad entre aquello de la nueva política y la incoherencia, cuando uno de los nuevos diputados rechazaba la propuesta, cuando en su día, como alcalde, presentó recurso de inconstitucionalidad contra la misma. El rechazo a la pírrica bajada del 2,9% de la tasa de basura cuando este año el Consorcio Provincial de Residuos tenía margen para una bajada mayor y empezar a compensar las fuertes subidas de años anteriores, la modificación de la Ley para evitar la contratación obligatoria de tesoreros con habilitación nacional por los ayuntamientos de la provincia o el resarcimiento a las familias que el año pasado tuvieron que hacer frente al pago de la vacuna neumocócica para sus hijos por una injusta decisión de la Junta de Castilla y León, forma parte también del balance de propuestas de los socialistas en la Diputación Provincial durante este 2015.

Entre medias ha habido hueco para debates que, sin ser de estricta competencia provincial, requerían de un pronunciamiento político, como el rechazo a la secesión unilateral de Cataluña –impulsada por los grupos independentistas- o el rechazo a las violencias machistas y el apoyo a las diferentes movilizaciones que contra esta lacra se han desarrollado en estos meses.

Pero si ha habido un debate recurrente durante estos meses, ese ha sido el de las competencias impropias. Como grupo mayoritario de la oposición, que denuncia desde hace tiempo la asunción de competencias propias de otras administraciones por parte de la Diputación, es una satisfacción ver como los nuevos grupos políticos se han sumado a estas reivindicaciones, que son de justicia. No es comprensible ni aceptable que el equipo de Gobierno, por la coincidencia del color político con el Gobierno Autonómico, siga consintiendo que un 20% del presupuesto de la Institución Provincial lo consuman servicios que debería estar prestando – o al menos sufragando- la Junta de Castilla y León.

Este debate ha tomado cuerpo fundamentalmente durante la tramitación de los presupuestos de 2016, que quedarán aprobados definitivamente en los próximos días. Los primeros que elabora la nueva corporación provincial. Este es uno de los debates más interesantes que se producen en el Pleno porque, al fin y al cabo, lo que hace un equipo de Gobierno con un proyecto de presupuestos es definir su modelo político. Por desgracia, las cuentas presentadas por el Partido Popular para 2016 evidencian que su modelo de Diputación es fallido y da alas a todos los que abogan por la desaparición de las diputaciones provinciales.

La mitad del presupuesto se consume en el funcionamiento de la propia Institución, precisamente por la asunción de esos servicios que no le corresponde prestar a la Diputación Provincial, mientras que apenas un tercio llega a inversiones reales en los municipios. Es en este punto cuando el PP debe demostrar que tiene capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos con el resto de grupos y hasta ahora no lo ha hecho.

El PP prefirió mantener sus cuentas originales y rechazó todas las propuestas que le llegaron por parte de los socialistas, por lo que estas obtuvieron nuestro voto negativo. Bien es cierto que finalmente el PP contó con el apoyo de Ciudadanos, teniendo que recurrir aun así al voto de calidad del Presidente ante la ausencia de una diputada popular, lo que evidenció la corta mayoría absoluta con la que cuenta el PP esta legislatura y que le debería hacer reflexionar para aproximar sus posiciones con la oposición. Veremos cómo transcurren los próximos años.

De momento cerramos el 2015. Un año intenso y todo apunta a que el próximo también lo será. Por la parte que nos toca, el PSOE seguirá trabajando con intensidad en nuestra provincia, haciendo una oposición responsable pero contundente al equipo de Gobierno en la Diputación Provincial pero, sobre todo, presentando propuestas que ayuden a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en nuestros pueblos. En definitiva, seguiremos intentando hacer buena política.