El Grupo Socialista en la Diputación instará mañana al Pleno a reclamar al Gobierno y a la Junta de Castilla y León respectivamente que retiren el Real Decreto y la Orden que están mermando de manera sensible los recursos económicos asociados a la Ley de Dependencia en la provincia de Burgos, que cuenta con 7.906 beneficiarios a día de hoy.

La diputada socialista Esther Peña Camarero denuncia que las consecuencias son graves, puesto que las nuevas medidas que han aprobado tanto el Ejecutivo autonómico como el central suponen unos recortes que, en el caso de la provincia de Burgos, se traducen en una reducción presupuestaria de 4,5 millones de euros.

Según indica, las últimas medidas del Gobierno y de la Junta han supuesto un importante descenso de las ayudas económicas  a las personas en situación de dependencia y a sus cuidadores. También un preocupante aumento del desempleo en el medio rural, que ya se ha saldado con 114 despidos y que conllevará, según Peña Camarero, 1.114 afiliaciones menos a la Seguridad Social, que se corresponden con el número de cuidadores registrados en la provincia en la actualidad.

Las mentiras del PP y la vuelta al sistema de beneficencia
Esther Peña Camarero ha sido contundente al afirmar que el PP miente cuando niega los recortes sociales que está aplicando desde las instituciones en las que gobierna, que “nos están retrotrayendo al sistema de beneficencia y que suponen una derogación oculta de la Ley de Dependencia”.

Según señala la diputada socialista, el servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación de Burgos ha experimentado una reducción del 22% este año. A esto se suma la eliminación de 36 plazas concertadas y públicas de residencias de mayores en la provincia y que el presupuesto para el programa de envejecimiento activo ha caido un 75% este año; circunstancia que perjudica a 234 municipios del medio rural.

Por todo ello, el PSOE instará mañana al Pleno de la Diputación a pedir al Gobierno que retire los últimos recortes impuestos a la Ley de Dependencia en el Real Decreto de julio, de medidas de liquidez de las administraciones públicas y en el ámbito financiero. También que cualquier modificación que afecte a la esencia de esta ley se realice mediante su tramitación, debate y, en su caso, aprobación en el Parlamento Nacional, con un consenso similar mínimo al de su aprobación.

La moción socialista insta también a la Junta de Castilla y León a retirar la Orden del 6 de junio que afecta a la Ley de Dependencia y que en el plazo de un mes resuelva las solicitudes de reconocimiento de dependencia que se hayan presentado hace más de seis meses.

Y a la Diputación Provincial, el PSOE le pide que, a través de los centros de Acción Social, acepte todas las solicitudes de alta en materia de dependencia y de servicios sociales, con la suficiente consignación presupuestaria.