El Grupo Popular en la Diputación de Burgos ha cerrado filas hoy con sus líderes nacionales y autonómicos y ha “refrendado” las políticas de recortes que están aprobando el Gobierno y la Junta de Castilla y León en  la atención a las personas en situación de dependencia, “porque no pueden destinar más fondos ni a servicios sociales, ni a Sanidad, ni a Educación”, según el portavoz del PP, Borja Suárez.

Con este argumento, los diputados provinciales del PP han alzado la mano para votar en contra de la moción que ha defendido la diputada socialista Esther Peña Camarero, en la que instaba a la Diputación a exigir la derogación de estos recortes tanto al Ejecutivo central como al autonómico.

“Están ustedes votando sí a la reducción de las ayudas a los 7.900 beneficiarios que en la actualidad hay en la provincia y, al mismo tiempo, están ustedes diciendo no a mantener los 114 empleos que estas medidas van a destruir en el medio rural y a las 1.114 afiliaciones menos que habrá a la Seguridad Social. Pero es que, al mismo tiempo, con su voto negativo están respaldando la eliminación de 36 plazas concertadas y públicas de residencias de mayores en la provincia y que el presupuesto para el programa de envejecimiento activo haya caído un 75% este año; circunstancia que perjudica a 234 municipios del medio rural”, les ha reprochado la diputada socialista.

Peña Camarero ha considerado una “lástima” que el equipo de Gobierno de la Diputación (PP) haya dejado pasar la oportunidad de defender los intereses de la provincia y, en concreto, de quienes más lo necesitan, para ponerse del lado de los recortes.

Sin embargo, la postura del Grupo Popular ha sido inamovible y, según su portavoz, Borja Suárez, obedece a la necesidad de ser “consecuente” ante el temor de que el apoyo a esta moción desemboque en la presentación de otras similares en materia de Sanidad o Educación, porque, insiste, “no se pueden destinar más fondos”.

También ha dicho Suárez que la Diputación está cumpliendo en materia de servicios sociales y en los programas de ayuda a domicilio. Una afirmación que desmiente la diputada socialista, quien subraya que el citado servicio ha experimentado una reducción presupuestaria del 22% en el último año. Un aspecto que, según ha subrayado, queda suficientemente acreditado porque “esto es lo que están sufriendo los ciudadanos y son ellos los que lo están poniendo de manifiesto”.