La viceportavoz socialista en la Diputación burgalesa, Esther Peña Camarero, ha denunciado que las subvenciones para financiar los gastos de mantenimiento de centros infantiles de 0 a 3 años no se han convocado y recuerda que son una competencia impropia de los ayuntamientos, que ‘cargan’ con las responsabilidades de la Junta, que sí debe hacerse cargo de la ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles, grados y especialidades.

Esta reivindicación centrará una moción en el próximo Pleno por la que se instará a la Administración regional a convocar inmediatamente las subvenciones correspondientes a 2012 -que permiten a los ayuntamientos el mantenimiento de estas escuelas-  y que se realice la convocatoria y resolución en el primer trimestre de 2013 para ese ejercicio. Igualmente solicitarán que se efectúen estas convocatorias en base a criterios objetivos relacionados con el número de plazas.

Así,  en nuestra provincia, que la Junta se haya desentendido de estos centros significa dejar “tirados” a 16 municipios, de los que 14, al excluir a Burgos y Aranda de Duero, son menores de 20.000 habitantes. Además, Peña critica que a pesar de que hasta ahora había un acuerdo tácito de cofinanciación de mantenimiento de ese servicio a tres bandas -Junta, ayuntamientos y familias- es la Administración regional -presidida por el burgalés Juan Vicente Herrera- la que ha roto este pacto, “dejando tiradas a las otras dos partes, sin una mínima cooperación económica”, lamenta.

De esta manera, en 2009, los ayuntamientos recibieron una financiación de casi 375.000 euros, para 14 escuelas; en 2010, 274.000; en 2011, casi 131.000, y para este 2012, “no han recibido un solo euro”, recrimina la socialista.

“Es competencia de la Junta cuyos responsables, mientras presumen de eficiencia, capacidad de gestión, y suficiencia financiera, abandonan a los ayuntamientos y a las familias en la financiación de las escuelas infantiles de titularidad local, lo que supone un agravio con las que son autonómicas”, ha reprochado.  Por lo tanto, lamenta la socialista, “o los consistorios aportan más fondos propios o se aumenta la presión a las familias en forma de subida de tasas, o habrá que cerrar los centros”, ha aclarado.

No sólo eso, en cuanto a las convocatorias para cofinanciar las obras de reparación y conservación de estas escuelas, la Junta en 2008 y 2009 sí firmó un convenio con la Diputación , lo que suponía que la Administración regional cofinanciaba estos trabajos. Sin embargo, la Diputación, desde 2009, no ha solicitado ese convenio, que tenía un montante de 300.000 euros para dos anualidades.

También la diputada ha denunciado el “maquillaje” de la Consejería de Servicios Sociales, puesto que mientras en la Comisión de Bienestar Social de la Diputación, en la que se daba cuenta de la firma del acuerdo marco de servicios sociales de 2012 entre la Institución provincial y Junta,  se admitía una reducción de un 7% en la aportación de la Junta de Castilla y León para este ámbito en el territorio, la “realidad es bien distinta”. “Este descenso no parece escandaloso, pero sí lo es cuando comprobamos que tiene trampa, puesto que no sólo baja en esos 334.000 euros”. “El servicio de ayuda a domicilio desciende más de 600.000 euros, desaparecen más de 200.000 euros de servicio de promoción de autonomía personal, y lo que hace la Junta, para ‘suavizar’ la caída del porcentaje, es incluir programas que en otros ejercicios no estaban englobados, como el ‘Crecemos’, que disimulan una reducción que “en realidad, es muy grave”.  “No sabemos qué es más criticable, que la consejera intente manipular o que ocupe un cargo de semejante relevancia cuando desconoce cuáles son las competencias municipales, provinciales o autonómicas, y la diferencia entre el ámbito educativo y el asistencial”, ha censurado Peña Camarero.

Por lo tanto, para la socialista, este acuerdo marco “vuelve a evidenciar el incumplimiento de la Junta en los porcentajes de financiación de cada uno de los programas que su propia normativa autonómica establece”. En cuanto a las plazas de las residencias  y centros, ha expuesto, la Administración regional tiene la obligación de cubrir el 100% y no llega ni a la mitad de lo que obliga la legislación.

“Además parece de broma que este acuerdo se firme en noviembre cuando la Diputación prestando los servicios desde enero, lo que ha obligado a la Institución provincial a realizar ajustes presupuestarios para compensar la reducción de ingresos”, ha añadido.

Este acuerdo marco, además, contempla la reducción, en el servicio de ayuda, de horas para los usuarios de más de un 21%. Para Peña Camrero, es “difícil” entender este acuerdo “por la falta de sensibilidad y compromiso de la Junta por el mantenimiento de los servicios sociales en nuestra provincia cuando se necesita el apoyo de las instituciones, especialmente por parte de las personas más vulnerables”.