Lo ha intentado, pero no lo ha conseguido. Todo el empeño del Partido Popular y de Ciudadanos en el Pleno de la Diputación pasaba por que el Grupo Socialista dejara sobre la mesa la proposición en contra de la disposición transitoria de la ordenanza de precios públicos de las residencias de mayores a la que se acoge la Institución provincial para enviar ‘cartas deuda’ a los usuarios y usuarias de estos centros.

Se trata de cartas “informativas”, según el PP, pero incluyen un número de cuenta bancaria de la entidad en la que la Diputación les indica que pueden realizar la liquidación de la que se les informa, con importes que van desde los 200 hasta los 103.000 euros. Todo un despropósito, para el PSOE, que si en el anterior mandato consiguió la revisión de la ordenanza para reducir los precios y eliminar la generación de deuda a quienes no dispongan de liquidez suficiente para abonar las mensualidades, ahora trabaja en conseguir la retroactividad de esa medida.

En definitiva, los socialistas pedían al Pleno que anule los decretos de liquidaciones complementarias que la Institución provincial ha emitido a las familias de los 435 residentes que ingresaron con la anterior ordenanza en vigor, puesto que la deuda se congeló solo a partir de la entrada en vigor de la actual, en febrero de 2015.

Para apoyar esta reclamación, el portavoz del Grupo Socialista, David Jurado, presentaba una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Burgos en la que se ponía en tela de juicio la disposición transitoria que permite el envío de estas cartas de liquidación y que el Juzgado elevó al TSJCyL como posible causa de ilegalidad. Coincidencias sorprendentes, el Tribunal no solo ha fallado a favor de la postura del equipo de Gobierno, sino que ha hecho público el fallo el mismo día del debate de la proposición socialista y el presidente de la Diputación la ha dado a conocer justo en medio de la discusión. Cosas de los “reyes magos”, ha ironizado el portavoz socialista.

En todo caso, se trata de una resolución contra la que cabe Recurso de Casación y, mantener la generación de deuda por el uso de las residencias a quienes no tienen recursos suficientes “es una posición que políticamente no tiene un pase”, sostiene Jurado, por lo que  ha rechazado la petición del PP de dejar sobre la mesa la proposición. Y todo pese a la insistencia de los populares, que se lo han pedido antes de que César Rico informara del último fallo, admitiendo que esta causa estaba en manos de la Justicia, y después, tendiendo la mano a estudiar la petición en una comisión de Servicios Sociales con la participación de los Servicios Jurídicos de la Diputación. Eso sí, previa retirada de la moción, lo que no han conseguido.

“¿A ustedes les parece justo que unas familias paguen y otras no en periodo voluntario, como dice el portavoz del PP? No, no, es que todos los periodos son voluntarios porque esa deuda no es exigible; por lo tanto, si ustedes quieren ampararse en la estricta legalidad, me parece estupendo, pero políticamente no tiene un pase y el Grupo Socialista mantiene la proposición y, desde luego, mantiene la intención de que finalice el envío de estas cartas”, ha concluido el portavoz socialista.

Tras este debate, el PP ha tumbado la moción con su mayoría absoluta, mientras que Ciudadanos se ha abstenido, entre otras consideraciones, con argumentos como que “hay gente que entra en estas residencias que no está tan necesitada” y que las cartas deuda de la Diputación “no dicen a las familias que tengan que pagarlo”, según entiende, su portavoz, Lorenzo Rodríguez, aunque incluyan un número de cuenta bancaria en el que realizar el ingreso. Con argumentos como este y el del fallo judicial, ha adoptado la misma posición del PP y ha pedido, sin éxito, que los socialistas dejaran sobre la mesa la proposición para su estudio en comisión.