El Pleno de la Diputación ha aprobado por unanimidad nuestra proposición para instar al Gobierno a solucionar el problema de las citas del DNI y el pasaporte, con la que se insta al Ministerio del Interior a elaborar un plan de recursos humanos para detectar las necesidades de personal de las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía y dotarlas de los medios humanos necesarios.

La propuesta supone, además, que la Diputación pida al Ministerio que cubra de manera inmediata las plazas vacantes de personal administrativo de las tres comisarías de la provincia de Burgos.  

Según Jurado, la situación se ha agravado en el último mes, ya que, como informan desde las propias comisarías vía telefónica o telemática, ninguno de los centros dispone de citas disponibles para la expedición o renovación de los documentos de identidad.

El portavoz del Grupo Socialista ha expuesto, además, las dificultades que existen con las ‘oficinas móviles’ de expedición y renovación del DNI y pasaporte  en las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía. En esa línea, ha apuntado a la escasez de efectivos. Una escasez reconocida por el propio Ministerio del Interior, que ha reclamado recientemente 504 funcionarios para agilizar la expedición y renovación del DNI y pasaporte en las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía, siendo 731 los funcionarios que se cifran desde las jefaturas de estas oficinas.

El Pleno, que se ha iniciado con un minuto de silencio y el apoyo a la declaración de la Asociación de la Prensa de Burgos por el presunto asesinato de la periodista Yolanda Pascual a manos de su exmarido, ha aprobado la proposición conjunta de los grupos para declarar la provincia zona libre de empresas con sede en paraísos fiscales.

Las demás proposiciones

En cuanto al resto de proposiciones, los socialistas hemos votado en contra de la moción de Ciudadanos para que la Diputación conceda ayudas a los desempleados para la obtención del permiso de conducir C o niveles superiores, porque, como ha explicado el portavoz del PSOE, David Jurado, “nos parece una ocurrencia que no acredita por si sola que solucione el paro”. Una postura común entre el resto de los grupos, que ha tumbado esta propuesta.

Sí ha apoyado el Grupo Socialista la proposición de Imagina Burgos para que la Diputación elabore un plan contra la pobreza energética, pero el PP y Ciudadanos han votado en contra, al entender que la Institución provincial está realizando una labor adecuada con la prestación de ayudas de emergencia social, destinadas a cubrir, entre otras, estas carencias.

El Pleno ha rechazado, con los votos en contra de PP y Ciudadanos la proposición de Imagina Burgos en apoyo a la Plataforma de Víctimas del Alvia 0415. Los socialistas sí hemos aprobado esta proposición. El Partido Popular se ha negado porque contempla pedir al Gobierno que encargue a una comisión de expertos y técnicos independientes la investigación y una comisión de investigación en sede parlamentaria para establecer posibles responsabilidades políticas.

Sí ha encontrado el apoyo unánime la moción de Ciudadanos en condena a la agresión que sufrieron dos agentes de la Guardia Civil en Alsasua.

Ruegos y preguntas

En el apartado de preguntas, Jurado se ha interesado por la situación del nuevo plan de Protección Civil que acordó elaborar el Pleno en agosto de 2015 para su puesta en funcionamiento y financiación a partir de 2017. Pero tardará, según ha explicado el presidente, César Rico, quien sostiene que está a la espera de la regulación autonómica. En todo caso, ya existe una propuesta “oficiosa” de zonificación de los parques de bomberos de la provincia por parte de la Junta, según ha explicado el portavoz del PP, Borja Suárez.

Por su parte, los diputados socialistas Purificación Rueda y Javier Lezcano se han interesado por el proyecto de la Vía Verde y por la justificación de la segunda convocatoria del ciclo integral del agua respectivamente. En este último punto, Rico ha admitido que la Diputación está realizando una serie de correcciones, ya que, como ha apuntado Lezcano, parecía que se iba a obligar a los ayuntamientos a que justifiquen todo el importe del proyecto de la memoria.