El portavoz del Grupo Socialista ha instado a la Diputación de Burgos a abrir una consulta en la provincia, como hizo en el caso del fracking, para conocer la postura de los pueblos sobre el anteproyecto de ley de Reforma de la Administración Local.

José María Jiménez considera que, con la encuesta sobre la fractura hidráulica, que ha arrojado un rechazo a esta práctica por parte del 90% de las localidades, la Institución provincial, “sentó un precedente extraordinario para tomar en consideración la opinión de nuestros alcaldes y alcaldesas ante las cuestiones que afectan a sus pueblos y esta es de vital importancia”.

El PSOE de Burgos reiterará su oposición a esta reforma en la moción que presentará al Pleno de la Diputación del próximo 1 de marzo, en la que insta a la Corporación provincial a pedir al Gobierno de la Nación que rectifique en “este ataque a la autonomía municipal”.

Jiménez ha desmontado los argumentos del Ejecutivo en defensa de este proyecto. Entre otros, los que se refieren a la necesidad de reducir la deuda municipal y de eliminar sueldos de alcaldes. “Eso no es más que una milonga, porque esta ley establece que en la provincia no podrán cobrar un sueldo los 243 alcaldes de los pueblos de menos de mil habitantes, cuando en la práctica, son muchísimos más los regidores de pueblos con menos de mil habitantes que no cobran nada por asumir esa responsabilidad”.

Los socialistas burgaleses sospechan que, tras esta reforma se esconde un intento de privatización de la función pública, puesto que establece la imposibilidad de que los ayuntamientos presten servicios públicos deficitarios, “cuando casi todos lo son”, advierte Jiménez y, además, amenaza con la desaparición de esos consistorios que no sean capaces de garantizar la prestación de un requisitos determinados con fondos propios.

“No sé cómo será posible poner en práctica esos preceptos en una provincia en la que, si a un ayuntamiento le resulta caro mantener un servicio cultural o de abastecimiento de agua, no lo va a hacer mejor la Diputación. Yo no veo a su presidente, César Rico, acudiendo en coche oficial a ocuparse del depósito de agua de un pueblo. No sé cómo lo piensa hacer el Gobierno, salvo que se esté buscando una privatización de los servicios públicos”, ha dicho el portavoz socialista.

Preocupación por la teleasistencia y el futuro de los CEAS
La otra moción que el Grupo Socialista ha presentado para su debate en el Pleno del viernes 1 de marzo invita a la Diputación a instar al Gobierno a mantener los fondos estatales para el plan concertado de Servicios Sociales para entidades locales y el programa de Teleasistencia.

Según la diputada provincial socialista Esther Peña Camarero, en su política de recortes en un momento en el que las solicitudes de ayuda de emergencia social se han duplicado, el Ejecutivo central “nos ha sorprendido” con la supresión de los fondos para el programa de Teleasistencia, que tiene más de 485 usuarios en la provincia, y la reducción del 40% del presupuesto de 2013 para el Plan Concertado. Unos recortes que tocan de lleno a la Diputación y a las entidades locales menores, de cara al desarrollo de sus servicios sociales básicos y de Atención Primaria.

En ese sentido, el PSOE muestra su preocupación por la situación en la que quedan los mayores y dependientes. “A día de hoy en nuestra provincia tienen que pagar sus medicinas, el transporte sanitario nuevo urgente, les cierran los centros de salud en horario de urgencias médicas nocturnas y, además, les reducen el número de horas de atención en ayuda a domicilio; no les suben la pensión y se encuentran con que tiene que pagar la teleasistencia a unos precios más altos y con menos posibilidades de recibir un servicio de calidad”, denuncia Peña Camarero.

La diputada socialista ha anunciado, en esa línea, que el PSOE ha registrado una pregunta en la Diputación para que el equipo de Gobierno explique cuáles son sus planes sobre el futuro de los Centros de Acción Social (CEAS) de la provincia ante “sus, al parecer, inminentes planes de reestructuración”.

Asegura Peña Camarero que esta posibilidad está generando una importante incertidumbre entre los trabajadores y trabajadoras de esos centros y recuerda a la Institución provincial que “son centros de proximidad” y, por lo tanto, imprescindibles en el medio rural.