El Grupo Provincial Socialista volverá a pedir a la Diputación que reduzca el precio público de las residencias de mayores que gestiona. En concreto, pedirá que el mayor aumento que experimente el coste de este servicio público para sus usuarios se corresponda con la actualización del IPC. Además, los socialistas solicitarán una declaración institucional en contra del fracking en el próximo Pleno de esta Institución, que se celebrará el jueves 11 de abril.

Se trata de la segunda ocasión en la que el PSOE someterá ambas propuestas a la aprobación de la Corporación provincial. En el caso de los centros de mayores, porque considera insuficiente la rectificación del equipo de Gobierno que, a petición de los socialistas, desistió de su intención inicial de duplicar los precios públicos en la revisión de la ordenanza que los regula.

Así, el PP decidió establecer una subida lineal del 50%, que se traduce en un coste medio de 1.400 euros mensuales para los usuarios de las residencias. Un precio “abusivo”, en opinión del Grupo Socialista, “cuyo aumento debería limitarse, como máximo, a la actualización del IPC”, según señala su portavoz, José María Jiménez.

Los socialistas denuncian, además, la “opacidad” con la que la Diputación aprobó los nuevos precios, puesto que “informó a las familias afectadas el pasado 10 de diciembre de 2012, justo tres días después de su aprobación definitiva”, subraya Jiménez.

Una subida “escandalosa” que se suma a los recortes en sanidad
“Aunque la nueva ordenanza permitirá que los residentes sin ingresos ni patrimonio no tengan que afrontar la totalidad del pago, estos tendrán que destinar todos los ahorros de su vida a sufragar un servicio público cuyo coste supera, en muchos casos, al de los centros privados”, advierte el portavoz.

El PSOE recuerda que estos usuarios soportan, además, las consecuencias de los recortes que está aplicando en sanidad el Partido Popular, como la reducción de las ayudas a la dependencia y el copago farmacéutico.

Jiménez pide al presidente de la Diputación, César Rico, que rectifique, a la vista de la liquidación del Presupuesto de 2012, que arrojó un saldo positivo de 14 millones de superávit. “Cuando aprobó la revisión de esta ordenanza se escudó en la mala situación económica que atravesaba la Institución provincial pero, a tenor de su propio balance, se ha corregido”.

El portavoz del Grupo Socialista censura que “hay muchos gastos prescindibles que prevé Rico para el presente ejercicio, como los de la conmemoración del bicentenario de las diputaciones provinciales o la Vuelta Ciclista a Burgos, mientras pretende ahorrar 700.000 euros con esta escandalosa subida en los centros de mayores”.

Compromiso contra el fracking y asesoramiento a municipios interesados
La segunda moción que el Grupo Socialista ha registrado hoy para someterla a la aprobación del Pleno pide una declaración institucional de la Diputación de Burgos en contra del fracking.

Tal y como anunciaron los diputados provinciales Esther Peña Camarero y Javier Lezcano el pasado 26 de marzo, la proposición reclamará, además, el compromiso de la institución provincial de organizar jornadas informativas sobre esta técnica y de prestar el asesoramiento de sus servicios jurídicos a los pueblos que lo soliciten para recurrir en contra de este tipo de proyectos en sus zonas de influencia.

Los socialistas advierten de que, en realidad, la Diputación solo ha acordado darse por enterada de la oposición mayoritaria de los municipios burgaleses a esta técnica tras la encuesta que realizó.