El Partido Popular ha vuelto a dejar en la estacada a los usuarios de las residencias de mayores que gestiona la Diputación Provincial. Ha votado en contra de la proposición del PSOE, que le pedía rectificar la subida del 50% en los precios públicos de estos centros y aplicar solo el aumento correspondiente al del IPC, pero el PP, se ha negado rotundamente.

Esto se traduce en que los residentes tendrán que pagar una media de 1.350 euros mensuales, tal y como estableció la Diputación en un acuerdo que trasladó a los afectados tres días después de haber aprobado ese aumento. “Desde luego, esto no es nada transparente”, ha protestado el portavoz del Grupo Socialista, José María Jiménez, en el transcurso del debate.

Jiménez reprocha al Partido Popular que se niegue a renunciar a gastos, en su opinión, prescindibles, como los 40.000 euros que costará la celebración del bicentenario de la Diputación Provincial, o los 120.000 euros que prevé gastar en publicidad institucional, que permitirían evitar esta subida de los precios públicos de las residencias.

“Además, el equipo de Gobierno arguyó que la mala situación económica que atravesaba la Institución provincial obligaba a subir los precios de las residencias, pero resulta que, una vez cerrado el ejercicio 2012, estoy cansado de ver al presidente César Rico en los medios de comunicación  celebrando el resultado positivo y que hay dinero para todo. Pues demuéstrenlo y rectifiquen este encarecimiento de las residencias”, ha implorado, sin éxito el portavoz socialista.

El Partido Popular intenta silenciar a los afectados y violentar al PSOE para defenderse

Cerca de medio centenar de personas, entre usuarios de las residencias y familiares de residentes, han seguido el debate de la proposición socialista para la reducción de los precios de las residencias en el salón de Plenos de la Diputación. Se han tenido que limitar a seguir el debate, puesto que la Institución provincial les ha negado la posibilidad de preguntar al final de la sesión y algunos han sido sometidos a tal confusión que, convencidos de que no tenían derecho a seguir la sesión plenaria ‘in situ’, se han ido a casa con sus pancartas reivindicativas.

Tal ha sido la desinformación que a la que han sido sometidos estos ciudadanos que algunos han acudido a los diputados del Grupo Socialista para informarse de sus derechos. Es así como el PSOE ha conocido que algunos funcionarios “les han dicho a estos afectados que no tenían derecho a venir al Pleno, e incluso les han abroncado en plena calle por venir a protestar”, ha reprochado Jiménez al presidente de la Diputación al inicio del Pleno, al tiempo que le ha pedido que abra una comisión de investigación para determinar quiénes son esos trabajadores públicos.

Toda la respuesta que el PP ha ofrecido a los hechos hoy denunciados ha sido, como era previsible, el silencio. Pero sí se ha tomado la palabra el portavoz del Grupo Popular, Borja Suárez, para defender a su partido y tratar de responsabilizar a los socialistas del incremento de los precios de las residencias, al afirmar que respaldaron la subida del 50%.

El PP había aprobado precios de hasta 2.181 euros al mes y el PSOE consiguió que rectificara

“Por supuesto que el año pasado celebramos ese 50%, pero porque nuestro grupo político fue capaz de convencerles de que no subieran el 100% e incluso el 150% en algunos tramos. Porque lo que el Partido Popular aprobó en solitario en un Pleno anterior fue que los residentes válidos tendrían que pagar 1.788 euros mensuales, las personas asistidas de grado I 1.803 euros mensuales y los asistidos de grado II 2.181 euros.

Y yo me ratifico en todo lo que dije cuando conseguimos que rectificaran y me siento orgulloso de pertenecer a un partido político que evitó esa masacre”, ha dicho Jiménez.
Pero, a día de hoy, las circunstancias han cambiado porque, además de que la liquidación presupuestaria de 2012 ha arrojado un resultado positivo, los recortes que el PP está aplicando en Dependencia y Sanidad están ahogando la economía de una gran mayoría de ciudadanos y, en especial, la de mayores y dependientes. Por eso el PSOE ha vuelto a llevar al Pleno de la Diputación la petición de reducción de esos precios públicos.

“Tienen que tener en cuenta que muchos de los residentes de estos centros han trabajado toda su vida para lograr unos ahorros, que en muchos casos no superan los 20.000 euros, pero a partir de los 5.000 euros en una cuenta bancaria, están obligados a abonar la totalidad del precio de la residencia. Y resulta que, con la ordenanza que ha aprobado la Diputación, tendrán que pagar lo mismo ellos como, por ejemplo, una persona que tenga 100.000 euros en una cuenta bancaria”, ha recalcado Jiménez.

Sin embargo, el PP se mantiene inflexible. Pretende recaudar 700.000 euros con esta subida, lo que supondrá un coste anual añadido de entre 1.500 y 1.800 euros a las familias con residentes en estos centros. “Y mientras carga estos ingresos sobre las espaldas de los usuarios, Rico se va a gastar 40.000 euros en celebrar que cumplimos doscientos años en la Diputación, 120.000 euros más en propaganda y publicidad y, como quiere seguir poniendo una medalla a quien gane la Vuelta Ciclista a Burgos para hacerse la foto, pues otros 700.000 euros más o menos en este evento deportivo”, ha espetado el portavoz socialista, en medio clamor de los usuarios que hoy han asistido al Pleno.

Aun así, el portavoz del Grupo Popular, Borja Suárez, ha reiterado que la situación económica de la Diputación le impide afrontar el déficit que arroja la gestión de estos centros, cuyas competencias corresponden a la Junta de Castilla y León. Sin embargo, siempre que el PSOE le ha propuesto reclamar a Juan Vicente Herrera que asuma dichas competencias.