El Grupo Provincial Socialista volverá a preguntar al secretario de la Diputación si fue legal la contratación del abogado que defendió a la Institución provincial en su litigio con la UTE que construyó la presa de Alba.

Lo que el PSOE pretende esclarecer con esta segunda petición es si este contrato obedeció a una decisión arbitraria de los diputados del PP que integraban la junta de gobierno provincial, en donde se adoptó este acuerdo hasta en cinco ocasiones a finales de años 90.

El Grupo Socialista quiere una respuesta porque, de ser así, “son esos diputados los que deberían pagar los más 240.000 euros de factura de honorarios por la prestación de aquel servicio que acaba de pasar el letrado a la Diputación”, ha dicho el portavoz José María Jiménez.

Tras aclarar que, en ningún caso se le puede reprochar nada al letrado, Jiménez ha explicado que esta segunda solicitud obedece a las “evasivas” del informe que ha emitido el secretario tras la pregunta del Grupo Socialista en el pasado Pleno provincial. “Viene a decir que aquello ya no tiene importancia, lo que es intolerable y, al mismo tiempo, casi una evidencia de que no fue legal”, ha explicado.

El Grupo Socialista consiguió que la Diputación desistiera de su intención de aprobar el pago de esta factura en el pasado Pleno provincial, tras formular la pregunta y advierte de que hará todo lo posible por evitarlo.

Jiménez ha ironizado con este tipo de contratos “a dedo”, porque “parece que están de moda para el PP”, ya que el letrado que defenderá al concejal Cristino Díez en su pleito con la Policía Local es el mismo que el que eligió la Diputación para la presa de Alba y por el mismo método.