El Grupo Socialista llevará a la Fiscalía el pago de una factura de 252.890 euros que hoy ha aprobado el Pleno de la Diputación con los únicos votos del PP. La ‘minuta’ se corresponde con los honorarios del abogado que defendió en 1997 a la Institución Provincial en su litigio contra la UTE encargada de la construcción de la presa del Alba.

Hasta ahí todo normal, si no fuera porque el Grupo Popular incurrió en varias irregularidades esenciales en la contratación  ‘a dedo’ de este letrado, según confirma el informe jurídico que el PSOE pidió al Secretario de la Diputación en el pasado mes de abril.

“Entre otras cosas, este documento confirma que no hay constancia de ningún otro informe que dijera que la Diputación no podría asumir con sus servicios jurídicos el caso, que  no invitó a otros profesionales para que pudieran ofertas sus servicios y que no se fijó ningún precio previo ni se sometió a ningún procedimiento de contratación de los que fija la Ley”, ha explicado el portavoz del Grupo Socialista, José María Jiménez. 

En base a este informe, el PSOE ha pedido en el Pleno de hoy al presidente de la Diputación, César Rico, que rectificara y que, en lugar de aprobar el pago de esta factura “sea un juez el que decida cuánto hay que pagarle”, aunque, ha insistido, “aquí la responsabilidad y la culpa no es del abogado, sino de los señores que le contrataron”.

En ese sentido, ha invitado a los tres diputados del Partido Popular presentes en las comisiones de gobierno que en los años 90 aprobaron adjudicar los servicios de defensa jurídica de la presa de Alba a este letrado que abandonaran la sesión durante la votación de este punto, al ser “parte interesada”. “De hecho, nosotros pensamos que ellos son quienes deberían abonar esta factura y no la Diputación”, ha dicho Jiménez.

Se trata de los diputados del PP José María Martínez, Ángel Guerra y José Antonio López Marañón, pero ninguno de ellos ha abandonado la sesión a pesar de que el propio Martínez, como responsable de Hacienda, ha reconocido durante su intervención que el informe confirma las irregularidades de las que se queja el Grupo Socialista.

También el presidente de la Diputación, César Rico, ha admitido que el informe que encargó a petición del PSOE, confirma que el procedimiento de contratación de este abogado “no fue muy ortodoxo”, pero ha insistido en que este mismo documento señala que hay que pagar al abogado, por lo que no ha considerado oportuno esperar más.