La Diputación Provincial de Burgos ha certificado su abandono a los pueblos afectados por el desmantelamiento de las vías de tren entre Cojóbar y Soria, al negarse hoy a aceptar las sugerencias del PSOE para defender los intereses de sus vecinos y vecinas.

El Grupo Socialista ha presentado hoy tres sugerencias a incluir en la moción que el Grupo Mixto ha sometido a debate en el Pleno en defensa de la vía Santander-Mediterráneo. Su portavoz las ha aceptado, porque “mejoran nuestra propuesta”, pero los votos del PP, que gobierna con mayoría absoluta en la Diputación, la han tumbado.

Lo que el PSOE ha propuesto y el Partido Popular ha rechazado era, en definitiva, que la Diputación pidiera a la Junta de Castilla y León que movilice todos los servicios necesarios para propiciar de manera inmediata el cumplimiento de la legalidad vigente. Pero, además, los socialistas pedían también a la Institución provincial la elaboración de un completo informe jurídico sobre el desmantelamiento de la línea férrea entre Cojóbar y Soria, del corredor Santander-Mediterráneo y que paralice toda actuación de apoyo a este desmantelamiento.

La Diputación, “´complice” de Adif
La diputada provincial socialista Esther Peña Camarero, que ha sido la encargada de defender estas propuestas, no da crédito a que la Institución provincial se haya puesto del lado del Adif, hasta el punto de que se está ocupando de reparar en menos de 24 horas los desperfectos (socavones y destrozos) que el administrador de infraestructuras ferroviarias está causando en los pueblos con la retirada de las vías.

Tanta celeridad y diligencia, según ha dicho la viceportavoz socialista, no es habitual en esta Diputación, tal y como le han trasladado los alcaldes de la zona, que suelen esperar “año y medio normalmente” cuando solicitan a la Diputación algunas tareas de mantenimiento y reparación.

Si en este caso se está dando prisa, ha añadido Peña Camarero, es porque está siendo “cómplice” de Adif, que está desmantelando las vías sin proyecto de desmontaje, sin la petición de evaluaciones de impacto ambiental por parte de la Junta que, a su vez, está permitiendo aquí  el incumplimiento de la Ley de Ordenación Territorial con respecto a la protección de la Red Natura 2000.

La diputada provincial del PSOE ha lamentado que la Consejería de Educación se esté inhibiendo en la autorización o supervisión de estos trabajos, a pesar de que buena parte de ellos se están desarrollando en terrenos de dominio público hidráulico o de la citada red ecológica.

La “doble cara” de César Rico
Peña Camarero ha criticado la “doble cara” del presidente de la Diputación de Burgos, César Rico que, tras anunciar un escrito al Adif para paralizar este desmantelamiento y celebrar una reunión con sus responsables y los alcaldes de la zona en Burgos, “ahora pretende defender lo indefendible”.

El PP ha insistido hoy en que Adif no tiene otro remedio que proceder a la retirada de estas vías, ignorando los citados incumplimientos en este proceso y restando importancia a una realidad que se está traduciendo en el abandono de residuos peligrosos yl a utilización sin permiso de distintos instrumentos municipales y básculas para estas tareas. 

A esto hay que añadir el destrozo de caminos de concentración parcelaria, accesos a fincas y locales destrozados; además de pasos de agua cegados y la apertura del mercado de compra-venta ilegal de traviesas que estas obras están dejando a su paso.

El Ministerio de Fomento, solo desmantela y paraliza infraestructuras en la provincia
La diputada socialista ha reprochado al PP, en el trascurso del debate de esta moción, que lo único que está haciendo el Ministerio de Fomento del Gobierno de Rajoy en la provincia es paralizar proyectos, como el del AVE, y desmantelar infraestructuras, como es el caso del corredor ferroviario entre Valladolid y Miranda de Ebro, según se ha confirmado esta semana.

“Este Ministerio está creando importantes problemas y controversias por un montante ridículo, puesto que la reducción de líneas ferroviarias que anuncia supondrá un ahorro de 900.000 euros en el conjunto del país”.