El Grupo Provincial Socialista ha registrado una moción en la que defiende la supresión del Instituto para el Deporte y la Juventud (IDJ) y que sea la propia Diputación la que pase a asumir sus funciones de forma directa.

Los socialistas han presentado esta propuesta para su debate en el próximo Pleno provincial, que se celebrará el jueves 6 de junio, ante la “discrecionalidad” de las decisiones que adopta este organismo, “con criterios meramente partidistas, en lugar de técnicos”, según el portavoz del PSOE en la Diputación, José María Jiménez.

Además, los diputados provinciales del Partido Socialista entienden que el funcionamiento del citado organismo supone “un coste innecesario”, puesto que su actividad podría asumirla “perfectamente cualquier comisión ordinaria de la Diputación Provincial”.

Jiménez recuerda la importante reducción que ha experimentado el presupuesto que ha de gestionar ahora el IDJ con respecto a años anteriores, al haberse eliminado todas las subvenciones de planes de instalaciones deportivas. Pero esgrime más argumentos en defensa de la supresión de este organismo, como que “mantiene un modelo de funcionamiento ineficaz e inapropiado para los recursos que gestiona y que está pensado solo para soportar las decisiones del partido que gobierna”.

A modo de ejemplo, señala que la representación de clubes deportivos, delegaciones o asociaciones juveniles las elige el pleno con la mayoría de los votos del equipo de Gobierno.

Un organismo opaco y poco democrático
Aduce también el Grupo Socialista en esta proposición que el Consejo Pleno, máximo órgano del IDJ, se ha reunido tres veces en lugar de las ocho reglamentarias en los dos últimos años.

Otra razón para solicitar la disolución, en opinión del PSOE, es el proceso selectivo de los miembros de la junta de gobierno del IDJ, puesto que, salvo los representantes de los grupos políticos, su presidente y vicepresidente, y el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física, a 9 de 15 los elige la mayoría del peno.

“El IDJ se ha convertido en un organismo donde se adoptan decisiones sin ningún aval técnico. Solo atiende a razones meramente partidistas y cada vez es más frecuente el reparto de subvenciones sin convocatoria, sin criterios de reparto ni explicaciones, en contra de los informes técnicos y atendiendo a los intereses del equipo de Gobierno”, concluye Jiménez.