Ocho parques de bomberos voluntarios de la provincia de Burgos quedarán en el limbo jurídico, según el portavoz socialista en la Diputación, con el nuevo Plan Sectorial de Servicios de Extinción de Incendios de la Junta, si no lo deroga, porque no los contempla. Por eso, los socialistas ha presentado una proposición al Pleno de la Diputación, en la que pedían instar a la Junta a consensuar un nuevo plan, y con financiación adecuada, pero el PP y Ciudadanos, con el argumento de que la Diputación seguirá financiando esos parques, la han tumbado.

 

Sin embargo, Jurado advierte de que “no se trata de que cada uno vaya por su lado”, en alusión a la Junta y a la Diputación y de que las competencias las tiene la primera, por lo que ha lamentado el rechazo a esta proposición, a pesar de que el propio portavoz del PP, Borja Suárez, ha asumido algunos de sus argumentos, como la escasa financiación que contempla el nuevo Plan. Un rechazo al que se ha sumado el Grupo Mixto (Vox), el socio “en la sombra” del equipo de gobierno del PP y Cs, según el portavoz socialista.

 

En este Pleno,  además, el Grupo Mixto ha presentado una proposición para instar a la Junta de Castilla y León a alcanzar un acuerdo con la Orden hospitalaria de San Juan de Dios que le permita mantener la actividad de su centro. Los argumentos del portavoz de Vox, Nicasio Gómez, no han convencido al PSOE. Sobre todo, porque hace dos meses este mismo Pleno aprobó una proposición orientada a la reapertura del hospital público Divino Valles y su adecuación para acoger, entre otros, los servicios que ahora presta  el San Juan de Dios. Por eso, los socialistas han votado en contra de la propuesta y han acusado al PP seguidismo de Vox, a pesar de que ha intentado “dinamitar el acuerdo de marzo”, mientras que Ciudadanos se ha abstenido.

 

De hecho, Gómez se ha negado a añadir a su moción el acuerdo plenario de marzo para facilitar su aprobación por el PSOE. Un acuerdo que han reivindicado también el PP y Ciudadanos, pero, finalmente, el PP ha apoyado a Vox, aunque lo haya obviado.

 

Jurado, además, ha reprochado al portavoz del Grupo Mixto que, entre otras cosas, intente cargar sobre la Junta la viabilidad de mantener la actividad en el hospital para la Orden del San Juan de Dios, ya que entiende que es una actividad privada y su continuidad dependerá de la entidad que lo gestiona y no de la administración pública.

 

El PSOE sí ha apoyado la propuesta del Partido Popular y Ciudadanos, socios de gobierno en la Diputación, para exigir al Gobierno que ejecute la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a abonar 750 millones de euros a las entidades locales por el desplazamiento de ingresos de IVA del mes de diciembre de 2017 y su incidencia en la liquidación anual de la participación de las mismas en los tributos del Estado. Un apoyo que ha llegado después de que los proponentes aceptaran la petición socialista de suprimir en su parte propositiva falsas acusaciones al Gobierno. 

 

El portavoz socialista ha aprovechado la ocasión para recordar al PP y a Cs que el problema del IVA que ahora ha resuelto el Supremo data de 2017 y lo generó el PP, además de la nefasta reforma local de Montoro que derogó el Gobierno de Pedro Sánchez. Asimismo, ha añadido, aún existen muchas diferencias entre el trato que el Ejecutiva central dispensa a las entidades locales y el de la Junta de Castilla y León: 

 

“Mientras que el Gobierno de España sube los fondos de participación en los tributos del Estado, suspende las reglas fiscales y nos da participación a las entidades locales en los fondos europeos, la Junta con el Fondo de Cooperación Local, que antes aportaba ayudas incondicionadas, lo que hace es reconvertirlo en subvenciones para unos casos muy concretos de inversión y, encima, obliga a los ayuntamientos a poner cartelitos para decir que la Junta cofinancia acciones del Covid, cuando no es así”, ha dicho Jurado.

 

Durante la sesión, el viceportavoz socialista, Javier Lezcano, ha afeado también al equipo de Gobierno el “retraso” con el que han firmado los convenios como los que afectan a la Cámara Agraria, el Geoparque de las Loras y la promoción del Caballo Losino, de los que hoy ha dado cuenta en el Pleno, ya que datan de 2020 y las entidades implicadas recibirán tarde el dinero.

 

En otro orden de cosas, el portavoz socialista, David Jurado, ha afeado al presidente de la Diputación,  César Rico, que esta Institución se quedará como “los últimos de Filipinas” en el convenio para el mantenimiento de las ermitas e iglesias de los pueblos de menos de 20.000 habitantes, que data de 1993 y del que la Junta se desvinculó en 2010. Por su parte, el Arzobispado, titular de los bienes, aporta menos dinero de la mitad que invierte la Diputación. De hecho, en el acuerdo bienal que acaban de suscribir y que ha visto el Pleno, la Institución provincial aporta un millón de euros y la Archidiócesis, 400.000 euros.

 

En el turno de ruegos y preguntas, Jurado ha pedido al presidente que tenga en cuenta la petición de distintos sindicatos de aplazar las pruebas del proceso selectivo de consolidación del empleo público que la Diputación pretende celebrar este mes. Primero, por la situación sanitaria y, en segundo lugar, porque el Gobierno está trabajando en una modificación de la Ley del Empleo Público que podría afectar a  muchos trabajadores de esta institución que llevan incluso décadas, ocupando una plaza en interinidad.

 

Rico ha contestado que las plazas ocupadas por los interinos son vacantes, a lo que Jurado le ha replicado que “el servicio está cubierto”. “Ya”, se ha limitado a responder Rico.