El Partido Popular de Burgos ha desperdiciado hoy una oportunidad de oro para demostrar que su objetivo es la defensa de los intereses de la ciudad y de la provincia, por encima de los de la dirección nacional de su formación.

Hoy ha preferido aprobar en el Pleno de la Diputación dos mociones en el mismo sentido- la que ha presentado su formación y la del PSOE- en lugar de consensuar la más contundente en su reivindicación, que es la del Grupo Socialista.

Así, el Pleno ha aprobado por unanimidad la proposición del PSOE en defensa de la permanencia íntegra de la sede del TSJCyL en Burgos, ante el borrador de la modificación de la Ley de Planta y Demarcación Judicial de la Comisión de Trabajo del Ministerio de Justicia. Pero también la del PP, mucho menos exigente y muy ambigua, en esta ocasión, con sus propios votos y los del Grupo Mixto (UPyD).

Un asunto que no admite medias tintas

El Grupo Socialista, como ya anunció, ha votado en contra de la proposicion del PP, por considerarla tibia y ambigua en un asunto de vital importancia que no admite medias tintas. Las razones que han llevado a los socialistas a volver a descartar la moción que el Partido Popular les ofreció pactar ya antes del Pleno, obedecen a que ésta se limita a proponer al Ministerio de Justicia que no asuma esa propuesta de modificación y que se refuerce la sede judicial de Castilla y León con más medios.

“Que ustedes presenten esta moción es como poner a un pirómano al frente de un parque de bomberos. Provocan el incendio, porque esta medida sale de su partido político y, al mismo tiempo, anuncian que van a sofocarlo”, ha reprochado el portavoz del PSOE, José María Jiménez, a los diputados de la bancada popular. En su opinión, “no es momento de rogar al Gobierno, como hace la moción del PP, sino de exigir”.

La diferencia entre la moción del PP y la que ha elaborado el PSOE es abismal, ya que la socialista sí plantea exigencias. La primera, al Ministerio de Justicia, al que le pide que garantice de manera inmediata que Burgos mantendrá íntegramente la Sede del TSJCyL y que rectifique el borrador de la Ley de Demarcación y Planta Judicial.

La segunda reivindicación, que el PP ha olvidado en su propuesta, va dirigida al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, para que muestre su voluntad política de que la Sede del Alto Tribunal siga en Burgos.

La moción insta, además, a la Junta, a paralizar todas aquellas iniciativas, propias o del Estado, que supongan nuevos procesos centralizadores en Castilla y León que perjudiquen a Burgos, y también se acuerda, no como el PP, de instar a los parlamentarios nacionales de Burgos a votar en contra de esta nueva Ley en caso de que mantenga su intención de dividir la Sede del TSJCyL.

Y es que, según Jiménez, ya son numerosos los ataques centralizadores que han sufrido la ciudad y la provincia a manos del PP y en beneficio de Valladolid y, entre otros ejemplos, ha citado los casos del Consejo Genético y del Banco de Sangre. Este nuevo proyecto judicial supone, en su opinión, otra amenaza cierta que hay que frenar con contundencia.