La aprobación de un plan de empleo en la Diputación Provincial, la defensa de las políticas sociales y del territorio, así como la reivindicación de infraestructuras estatales que están paralizadas son los cuatro pilares sobre los que pivotará la estrategia del Grupo Socialista, de cara al nuevo curso político que acaba de arrancar.

 

El portavoz del PSOE en la Institución provincial, José María Jiménez, incide en la necesidad de impulsar la creación de puestos de trabajo, ante los pésimos resultados del pasado mes de agosto, que arrojaron unos datos negativos, con un crecimiento del desempleo en 130 personas, en contra de la tendencia nacional a la baja. 

 

“Lo peor es que el sector servicios, que debería haber sentido los efectos positivos de la Capitalidad Gastronómica que nos está vendiendo el PP, también está destruyendo trabajo”, advierte.

 

Para los socialistas, los más de 30.000 desempleados que hay en la provincia de Burgos merecen ser una prioridad en las políticas de la Diputación. “Volveremos a la carga con el plan de empleo, porque el presidente César Rico nos engañó en el pasado mes de mayo cuando accedió a consensuarlo, después de que le propusiéramos un plan de choque contra el desempleo. Prometió sentarse a negociarlo en el plazo de tres semanas y han pasado tres meses y todavía no ha hecho nada”, explica Jiménez.

 

Lamenta que Rico parezca "más interesado en recorrer el país con la Vuelta a España que en combatir el paro" y ha aprovechado para anunciar que "ya le preguntaremos cuántas inversiones e iniciativas empresariales ha traído a Burgos con su presencia en varias etapas y con la inversión publicitaria que ha realizado".

 

También se ha referido Jiménez a la desastrosa gestión del área de Personal en la Diputación, que ha resumido en “ahorrar costes a costa de los funcionarios y los trabajadores laborales de esta casa y colocar a los amigos”.

 

El portavoz socialista sustenta estas afirmaciones en el reciente anuncio del bloqueo de prestaciones a los trabajadores laborales, con la excusa de la caducidad del convenio y la necesidad de negociar uno nuevo, “cuando está caducado desde 2009 y el equipo de Gobierno se ha despreocupado hasta ahora y cuando, además, tiene todas las bolsas de trabajo caducadas desde el año 2008”.

 

Jiménez ha pedido al Partido Popular, que gobierna con mayoría absoluta en la Diputación, que se siente a negociar con los sindicatos, “contra los que se ha levantado en armas”, todos estos aspectos. También ha denunciado que “hemos detectado contrataciones que no siguen el orden y sospechamos que se está contratando a los amigos”.

 

La defensa de las políticas sociales en la provincia, con lo que ello conlleva, como el mantenimiento de los 21 centros de acción social del medio rural y una dotación económica de la Junta suficiente en el acuerdo marco de servicios sociales, constituirá otro eje central este curso. El PSOE teme que se produzca un nuevo recorte, por lo que insta a la Diputación a defender los intereses de la provincia.

 

A esta incertidumbre se suma la derivada del reparto de competencias que recoge el texto del proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y que, en el caso de Burgos, toca de lleno servicios tan fundamentales como la gestión de las residencias de mayores de la Diputación. “Sería conveniente que el equipo de Gobierno (PP) se pronunciara sobre sus intenciones, porque nuestra postura es la misma de siempre; creemos que las tiene que gestionar la Junta de Castilla y León”, subraya.

 

A los socialistas burgaleses les preocupa “el doble lenguaje” del PP en Burgos con respecto a la reforma local “Nos preocupa que aquí se esté defendiendo la continuidad de las pedanías y la autonomía de los ayuntamientos, mientras que la nueva ley contempla la práctica eliminación de las entidades locales menores, porque las saca fuera de la ley de régimen local”, explica Jiménez.

 

El Grupo Socialista espera que el Gobierno de Rajoy rectifique, porque la provincia burgalesa da cabida al 20% de las pedanías de toda España y puede verse especialmente afectada. Por eso preocupa y mucho en el seno del PSOE burgalés, porque esta ley obliga a priorizar que los servicios públicos que presten los ayuntamientos sean rentables desde el punto de vista financiero, lo cual obligaría a muchos a delegarlos en la Diputación y ésta los acabaría privatizando.

 

De cara a este nuevo curso político, el Grupo Socialista avanza que retomará también la reivindicación de la elaboración de un documento que presentó al Pleno de la Diputación, en el que pedía al PP que estableciese un calendario razonable, “entendiendo que estamos en crisis”, para retomar todas las infraestructuras que están pendientes y paralizadas, que son casi todas.

 

“Desde la ronda de la ciudad de Burgos, en donde con los cinco millones que prometió la ministra de Fomento poco se puede hacer, hasta diversas autovías en ejecución también paralizadas, y el AVE”, son las infraestructuras que figuran en las prioridades del Grupo Socialistas, según Jiménez, quien también adelanta que “estaremos muy pendientes de todo lo que tenga que ver con Garoña”.