170.000 euros menos para el servicio de ayuda a domicilio en la provincia, que se suma a la reducción de 700.000 euros que sufrió en 2012, y 613.000 euros menos el presupuesto mínimo garantizado para plazas residenciales y centros de día a personas en situación de dependencia. En total, su dotación estimada es de 5,6 millones, frente a los 6,2 del anterior, con lo que la financiación se reduciría en casi un millón de euros si el PP no rectifica.

 

Estas son las previsiones que recoge el borrador del Acuerdo Marco de cofinanciación de servicios sociales que la Junta de Castilla y León ha propuesto a la Diputación de Burgos y que aún está pendiente de firma. A su vez, constituyen los principales motivos por los que el Grupo Socialista ha anunciado que rechazará su aprobación si no se restituyen esas partidas.

 

Las diputadas provinciales Esther Peña Camarero y Purificación Rueda han sido críticas esta mañana con estas previsiones de recorte y han fijado la posición del PSOE en la Institución provincial ante las mismas. 

 

Según han explicado, esta propuesta de acuerdo, que por primera vez tiene carácter bienal (2013-2014) perpetuará los descensos presupuestarios durante dos ejercicios consecutivos, pero es que, además, esas rebajas se ceban con quienes más ayudas sociales necesitan. Por eso,  exigen la firma inmediata de este acuerdo, pendiente desde principios de año, lo que supone que las entidades locales están adelantando a la Junta, a coste cero, la financiación de los servicios sociales.

 

El Grupo Socialista urge la aprobación del documento, pero no tal y como está planteado, sino con la restitución de las partidas de ayuda a domicilio, plazas residenciales y centros de día para personas en situación de dependencia, al menos en las cuantías que se establecieron en 2012.

 

Entienden que el presidente de la Diputación, César Rico, no puede seguir consintiendo los recortes que está aprobando su partido en el Gobierno y en la Junta y que ahora tocan de lleno a las ayudas sociales. De hecho, según peña Camarero, desde el año 2011, “están en caída libre las cantidades que aporta el Gobierno autonómico a esta Diputación”. 

 

Y no es un asunto menor, puesto que, en el caso del acuerdo marco que sella la Comunidad Autónoma con ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes, entidades locales y diputaciones, se fijan los compromisos presupuestarios para garantizar la prestación de servicios sociales como la ayuda a domicilio, la teleasistencia, los programas de inclusión social, de familia e infancia y, sobre todo, el mantenimiento de plazas residenciales.

 

Por lo tanto, Peña Camarero insiste en que rebajar esas cantidades perjudicará a los pequeños ayuntamientos y a las entidades locales que, en la mayoría de los casos, están asumiendo el coste de los servicios con fondos propios desde enero de 2013, puesto que “como hemos conocido en las Cortes de Castilla y León, no recibirán el dinero previsto para su financiación hasta junio de 2015 y esto no se puede consentir”, ha matizado.

 

En ese sentido, ha adelantado que el Grupo Provincial Socialista presentará una moción al próximo Pleno de la Diputación para exigir al Gobierno y a la Junta una financiación suficiente de los servicios sociales y para  mantener el plan concertado y un acuerdo marco, así como el desarrollo de la Ley de Dependencia.

 

Y además, el PSOE hace una advertencia al Partido Popular: “vamos a abogar por que estos servicios se mantengan siempre bajo gestión pública”, ha recalcado Peña Camarero.

 

El matiz de gestión pública deriva de la amenaza del Gobierno de abandonar la firma del Plan Concertado, que hoy ha recordado la diputada provincial socialista Purificación Rueda.

 

Una medida que, de llevarse a efecto, podría poner en peligro la continuidad de los servicios anteriormente citados, así como de los 21 centros de acción social y de otras prestaciones como el comedor social, albergues o pisos tutelados.

 

En su intervención, la diputada socialista ha subrayado la “preocupación” del PSOE tanto por la posible eliminación de este Plan como por el recorte del 70% que ya aplicó el Gobierno de Rajoy a las entidades locales en el último año y que repercuten en la prestación de servicios básicos de los ayuntamientos a las personas más necesitadas.

 

“Estas ayudas se destinan a quienes no alcanzan a pagar el recibo de la luz o el agua, o a quienes ni siquiera tienen para comida”, ha explicado Rueda, al tiempo que ha señalado que, de hecho, las solicitudes  de ayudas de emergencia social han crecido en un 200%.

 

En su opinión, resulta “intolerable” que sean quienes más necesidades padecen quienes paguen las consecuencias de la crisis y apunta al Gobierno de Mariano Rajoy como el único responsable de “ahogar” a los ayuntamientos, “que ya no pueden endeudarse para cubrir su objetivo de déficit, por lo que es muy difícil que mantengan la prestación de servicios sociales públicos sin estas ayudas”.

 

Por eso, esta mañana ha apelado a la sensibilidad del presidente César Rico, para que atienda las necesidades de los y las habitantes de la provincia y les defienda de los recortes que está aplicando el Partido Popular en el país.