La mayoría absoluta del Partido Popular en la Diputación de Burgos ha tumbado la proposición socialista en defensa de la prestación de unos servicios sociales públicos y de calidad en toda la provincia.

Así, con su voto en contra, el PP de Burgos ha refrendado, entre otros, los recortes que prevé la reforma local en el medio rural y que pretende eliminar competencias y servicios en las entidades locales, además de despedir a profesionales cualificados.

Así lo ha resumido la diputada provincial socialista Esther Peña Camarero durante su intervención en la sesión plenaria, en la que ha recordado la preocupación del Grupo Socialista por el futuro de la gestión de las residencias de mayores que en la actualidad están en manos de la Diputación.

El PSOE insiste en que la gestión de estos centros ha de ser pública y advierte de que, si el Partido Popular de Burgos transige con las medidas que contempla la reforma local de Rajoy y con las previsiones de cofinanciación de la Junta para el acuerdo marco de servicios sociales, está abocando a las residencias a la privatización.

De hecho, la diputada socialista ha anunciado el voto en contra del PSOE al acuerdo marco que firmará la Diputación por la rebaja en más de 600.000 euros que contempla con respecto al anterior y desmiente al diputado de Bienestar Social (PP), Borja Suárez, quien afirma que el Gobierno autonómico completará mediante subvenciones directas esta partida rebajada, hasta alcanzar los 6,2 millones del anterior acuerdo.

“A día de hoy, lo que los papeles reflejan es esta rebaja. Si no se incluye la partida que el PP dice que va a inyectar el Gobierno autonómico de Herrera mediante ayudas directas es porque no existe ese compromiso”, subraya.

“Es que no puede ser que una institución provincial que no tiene la competencia exclusiva en servicios sociales, del presupuesto anual del área, que son 28 millones de euros, solo vaya a recibir 5,6. Esto supone una asfixia a la Diputación y a las entidades más pequeñas”, ha insistido Peña Camarero.

El Grupo Socialista destaca “un recorte fundamental en el servicio de ayuda a domicilio” que contempla el acuerdo marco que la Diputación pretende aceptar, “ya hemos acumulado casi un millón de euros recorte en este servicio y, además, en lo relativo a las residencias, de los 900.000 euros del año pasado para el mantenimiento de plazas residenciales, para este año nos vamos a quedar con 3.000”, ha denunciado la diputada socialista.

Los socialistas burgaleses han lamentado el rechazo del PP a esta moción, con la que pretendían “despertar del letargo en el que esta Diputación lleva sumida  desde hace más de un año, con la ausencia de la convocatoria de comisiones y un ejercicio político que se limita a tres o cuatro días al mes”, según ha señalado Peña Camarero.

Ese era el ánimo con el que el Grupo Socialista había presentado esta proposición al Pleno ordinario de octubre, la que querían exigir una financiación pública suficiente y estable en sistema de servicios sociales que garantice el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, la continuidad de recursos y una atención profesional de calidad en todo lo que respecta al Plan Concertado, al Acuerdo Marco, a la Ley de Dependencia. Pero el PP ha dicho no.