La aprobación definitiva de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local a finales del año pasado puso en evidencia la deslealtad de la Diputación Provincial de Burgos hacia los 368 ayuntamientos y las 655 entidades locales menores de nuestra provincia, sobre las que tiene competencias. El presidente, César Rico, ha dejado en la cuneta a los ayuntamientos, pese al apoyo inicial que expresó a nuestras críticas a esta reforma.

 

Su posición fue variando con el transcurso del tiempo, hasta mostrarse favorable a la propuesta del Gobierno de España, conforme se iba acercando la fecha de su aprobación definitiva, a pesar de que aumentaban las críticas de alcaldes y alcaldesas de toda España.

La nueva Ley establece criterios estrictamente económicos para el mantenimiento de los servicios públicos de los ayuntamientos y les obliga a ceder sus competencias, que están prestando con diligencia y un alto gran grado de eficacia, a las diputaciones. Y éstas las acabarán privatizando ante la imposibilidad material de asumirlas.

 

En definitiva, la reforma local atentará contra los servicios en el ámbito rural, empeorando la calidad de vida sus habitantes y vaciando de competencias a sus ayuntamientos, mientras que las entidades locales menores quedarán sometidas a la voluntad municipal, sin recursos ni competencias.

 

Pero si algo ejemplifica la desidia con la que este equipo de Gobierno, con César Rico a la cabeza, se está tomando su obligación de velar por los intereses de la provincia es su política, o mejor dicho, su ausencia de política industrial. 

La agresiva estrategia cántabra, que ofrece cinco años de suelo gratos a empresas que se instalen en la región, ha puesto en evidencia las debilidades de Burgos. 

 

El desastre del polígiono industrial de Villalonquéjar, donde el juzgado está a punto de subastar las parcelas de la última ampliación, el vergonzoso retraso que padece el prometido Parque Tecnológico o los problemas que sufren Ircio en Miranda y Prado Marina en Aranda, evidencian una pésima gestión en nuestra política industrial que exigiría de un liderazgo provincial que pusiera orden y rigor ante un escenario tan problemático. Sin embargo, el presidente de la Diputación ha confirmado su total desinterés en intervenir.

Lo miso ocurre con las infraestructuras pendientes y que condicionan de una manera decisiva nuestro desarrollo industrial, como la posible paralización del proyecto del AVE entre Burgos y Vitoria, que haría inviable los proyectos ligados a los puertos secos de Villafría o Pancorbo, cercenaría el potencial de Miranda de Ebro y limitaría el desarrollo de nuestros polígonos industriales más importantes.

Pero Rico es incapaz de reaccionar, ni siquiera ante esta importante amenaza. Prefiere mirar para otro lado y ‘repartir tapas’, mientras que el Gobierno cántabro intenta captar empresas para que se instalen en su Comunidad. Sin desmerecer la capacidad de la gastronomía como factor de atracción turística, es necesario situar su importancia como un elemento subsidiario dentro de este tipo de políticas.

 

En definitiva, 2013 fue un año con más sombras que luces en la Institución provincial, capitaneada por un presidente que prefiere ponerse de perfil ante los graves problemas que amenazan la calidad de vida de los y las ciudadanas, para defender a un Gobierno incapaz.

 

La situación de pobreza e incertidumbre en la que el PP está sometiendo a la provincia desde la Diputación solo puede corregirse desde el interés real por satisfacer las necesidades de sus habitantes y con un trabajo exhaustivo y riguroso para conseguirlo.

 

Con este objetivo, el Grupo Provincial Socialista elaboró sus propuestas para los presupuestos de 2014. Unas propuestas que Rico ha aceptado y que contribuirán a paliar las serias dificultades que están padeciendo numerosas familias a causa de los recortes que está aplicando el Partido Popular desde todas las administraciones que gobierna, en donde no está dejando títere con cabeza.

 

Por eso, la propuesta socialista que aprobó el equipo de Gobierno de la Diputación y que ha merecido nuestro apoyo al presupuesto, exigía aumentar en un millón de euros el gasto social, rebajar el precio público de las residencias de ancianos para los usuarios/as válidos, congelar la tasa de residuos para 2015 y aumentar hasta el millón y medio de euros el presupuesto del Plan de Empleo. Y el PP nos dijo que sí.

 

Por lo tanto, este acuerdo garantizará que muchas personas que están sufriendo los efectos más devastadores de la crisis puedan beneficiarse de nuevos recursos públicos y medidas, como el impulso de la creación de empleo directo a través de los ayuntamientos, y el refuerzo de todos los recursos del área de Política Social de la Diputación.