El portavoz del Grupo Provincial Socialista, José María Jiménez, ha dado a conocer la respuesta que ayer emitió el Procurador del Común a una treintena de afectados y afectadas que se quejaron por la subida del 50% de los precios públicos de las residencias de la Diputación. Un incremento menor del que aprobó el PP, del 100%, con el voto en contra de los socialistas, que consiguieron que rectificara meses después.

 

En ese informe se exponen muchos de los argumentos que el PSOE esgrimió en contra del aumento lineal de estos precios, como el hecho de que son más elevados que la media de los de las residencias dependientes de la Junta de Castilla y León. De hecho, el Procurador del Común, aconseja a la Institución provincial equiparar esta ordenanza de precios públicos a la autonómica.

 

Precisamente, y a instancias del PSOE, la Institución provincial aceptó finalmente rebajar esa subida del 50% del precio a los residentes válidos desde los 45 euros por día que aprobó cobrar a todos/as los usuarios/as a los 31,61 que establece la Junta para esas plazas. Una medida que se enmarca en las propuestas del Grupo Socialista que el PP aceptó en el acuerdo presupuestario de 2014 y que, como ha recordado Jiménez, “sigue pendiente de su aplicación, porque el expediente está paralizado en Intervención, o eso esgrime el equipo de Gobierno”.

 

También advierte este informe de que la Diputación pudiera no haber aplicado, con esta subida, el principio de capacidad económica en el ámbito de la contribución de los usuarios y usuarias a la financiación de los servicios residenciales, en atención a las necesidades propias del colectivo al que se dirigen y al tipo de servicio que prestan. O, lo que es lo mismo, que ha aplicado este aumento de manera lineal, sin distinguir entre usuarios válidos y no válidos y su capacidad económica. Algo que al final corrigió en parte, también a propuesta del PSOE, al aceptar las sugerencias socialistas a los Presupuestos de 2014, con lo que, el precio que debería cobrar a los válidos sería de 31,61 euros por día, en cuanto el expediente se apruebe de manera definitiva.

 

Según recoge este documento, la subida inicial del 50% para todos, ha supuesto que algunas familias paguen hasta 892 euros mensuales más de lo que pagaban hasta entonces.

 

En total, 14 residentes de los 32 casos que ha examinado el Procurador del Común han sufrido un aumento del 56% en la cuota a abonar por los servicios residenciales prestados. En relación al cálculo de la aportación económica de los usuarios y usuarias, el informe recomienda que no se cobre más del 90% del precio público ni de la capacidad del residente.

 

Pero el Procurador del Común señala, además, que resulta preciso incrementar la cantidad mínima para gastos personales en un 25% para las personas que tengan reconocida su situación de dependencia y/o discapacidad, en atención a los mayores apoyos que precisan para la promoción de su autonomía personal. Un dinero que, como advierte Jiménez, “en muchos casos no les llega ni para adquirir los medicamentos que necesitan”.

 

El portavoz del PSOE en la Diputación precisa que estas recomendaciones no tienen carácter vinculante, aunque “a nosotros nos gustaría que la Diputación las asumiera”.