El Grupo Provincial Socialista no se resigna a que Aranda de Duero pierda una de sus principales señas de identidad en el ámbito agroalimentario, como es la sede de la IGP del Lechazo de Castilla y León.

 

 “Nos hemos quedado sin el vino, con la sede del Consejo Regulador de Ribera del Duero en Roa, por una mala decisión y ahora nos van a quitar el cordero con el avenimiento claro de la Junta de Castilla y León”, ha lamentado el diputado provincial Luis Briones.

 

Para el también portavoz del PSOE en Aranda, que se ha quejado de que, de momento, no existe una confirmación oficial sobre los rumores y noticias del posible traslado de la sede de la IGP, “mucho nos tememos que la Junta ha tomado parte por Zamora”.  Y advierte: “Si es así, esta decisión de los órganos de gobierno de la IGP es, cuanto menos, irregular”, por lo que anuncia que “hemos planteado un requerimiento en el ámbito municipal, junto al resto de la Corporación, para que se nos notifique si es así y nos planteamos un contencioso".

 

Briones ha denunciado también que la última reunión del citado consejo regulador se celebró en la Consejería de Agricultura, en Valladolid, en lugar de en la sede de Aranda, lo que ha calificado como “muy grave”.

 

La incertidumbre sobre este posible traslado “contra el que hemos querido interponer recurso, pero no hemos podido, porque no figura en ningún sitio”, ha explicado Briones, mantiene al propio Ayuntamiento arandino a la espera de recibir cualquier notificación efectiva del Consejo Regulador que anuncie su traslado”.

 

Briones desmiente al delegado territorial de la Junta en Burgos, Baudilio Fernández-Mardomingo, que aseguró que el Gobierno autonómico no sabe ni puede hacer nada si el Consejo Regulador decide trasladarse, y le recuerda que “el mismo reglamento de la IGP incluye a un representante de la Consejería con voz pero sin voto; con lo que siempre ha sabido lo que ocurría, a diferencia del Ayuntamiento de Aranda, que no sabía nada, al menos oficialmente”.

 

El diputado provincial socialista insiste en que, en este asunto, “la Junta lo puede hacer todo” para impedir que Aranda pierda esta sede y adelanta también que, si la sede de la IGP del Lechazo de Castilla y León se traslada, vamos a proponer la recuperación del marchamo específico de la zona, porque tenemos la calidad suficiente como para tenerlo”. 

 

Briones recuerda que la proyección de la IGP en Aranda llegó en 2002 de la mano del Ayuntamiento que él dirigía y critica que ahora esté en peligro, “porque ésta es una muerte anunciada, no sabemos por quién, pero sí quién no está haciendo lo que tiene que hacer”, ha dicho, en alusión a la Junta. Por eso, los socialistas propondrán al Pleno de la Diputación, a la que piden “auxilio”,  que exija al Gobierno autonómico la paralización inmediata del cambio de sede de la IGP de Aranda de Duero a Zamora.

La segunda proposición que el Grupo Provincial Socialista ha registrado para someterla al debate y aprobación de la Corporación el próximo viernes tiene por objetivo que la Diputación inste a la Junta a rectificar en su decisión de adelantar los plazos de certificación y justificación de obra de los ARI de Melgar y Castrojeriz.

 

El diputado provincial socialista Javier Lezcano sostiene que el recorte de estos plazos, que han pasado del 31 de octubre de 2014  a julio de 2014, está generando una enorme preocupación entre los propietarios promotores de obras dentro de sendos planes, ya que, de no concluir a tiempo, “peligrarían las concesiones de ayudas firmadas y tendrían que asumir la parte financiada por la Consejería, además del porcentaje que el convenio establece que ha de pagar cada uno”.

 

“No entiendo que las alcaldesas de estas dos localidades no hayan elevado la voz ante esta injusticia y se hayan limitado a prometer que, de recortarse estos plazos, entrarían en un nuevo programa, algo que es inviable”, ha dicho Lezcano.

 

El diputado provincial socialista sospecha que, al adelantar las fechas límite de justificación y certificación, la Junta contempla un ahorro económico, porque daría tiempo a realizar menos obras y, por lo tanto, tendría menos que financiar. “Por el contrario, los vecinos saldrían perjudicados y se perderán puestos de trabajo ya previstos y contemplados en unas obras que se han iniciado con un año y medio de retraso por la desidia de la Administración”, señala. 

 

“Sería doloroso que los vecinos y vecinas que en su día firmaron un acuerdo con unas condiciones, se vean perjudicados por el cambio de las mismas de manera unilateral y sufran un perjuicio económico y moral”, ha considerado. Por eso, el Grupo Provincial Socialista pedirá a la Diputación que inste a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta a cumplir el compromiso firmado y mantener el 31 de octubre de 2014 como fecha final de certificación y justificación de obra en sendos ARI.