La Diputación Provincial de Burgos ha aceptado nuestra proposición y convocará una comisión de investigación que el Grupo Socialista ha pedido, por la vía de urgencia, para aclarar todas las dudas suscitadas en torno a las pruebas de enfermería y auxiliar de enfermería que esta Institución realizó el pasado domingo.

 

Más de 3.000 personas, de las que muchas vinieron desde otras provincias, realizaron estos exámenes de la bolsa de empleo que esta Institución está conformando para sustituciones y se encontraron ante un test que no medía sus conocimientos, formación ni experiencia, sino su perfil psicológico y sus actitudes personales.

 

El segundo despropósito es que estas pruebas, para cuyo desarrollo el PP incumplió su promesa de informar a la oposición, al parecer, se divulgaron a través de mensajes telefónicos, a pesar de que se trataba de exámenes que fueron custodiados precisamente para impedir que se hicieran copias. Queda la duda de si se produjo una filtración y si fue solo de las preguntas o también de los criterios de baremación, lo que tendrá que esclarecerse.

 

Los socialistas, además, consideran que las preguntas de estos ejercicios han podido conculcar los derechos individuales básicos e incluso los principios fundamentales de igualdad entre personas. Por eso, y por “el ridículo que está haciendo esta Diputación Provincial”, según subraya el portavoz del Grupo Socialista, José María Jiménez, que recuerda que estos exámenes incumplían las bases de la convocatoria, ha urgido una respuesta contundente al equipo de Gobierno.

 

Jiménez ha pedido el cese inmediato del diputado provincial responsable del área de Personal, Rufino Serrano, (PP) y que la comisión de investigación se convoque lo antes posible, "porque todo el mundo en la calle cree que esta prueba está manipulada, y esta Institución tiene que recuperar la credibilidad; hay que actuar ya", ha urgido.

 

Otro de los asuntos relevantes para el que el Grupo Socialista ha obtenido el apoyo del Pleno ha sido la defensa de la permanencia de la sede de la IGP del Lechazo de Castilla y León en Aranda de Duero.

 

El PSOE pretendía que la Diputación de Burgos instara a la Junta de Castilla y León a paralizar cualquier intento de traslado de esta sede a Zamora, pero aunque para el diputado provincial socialista es evidente que el papel del Gobierno autonómico en este asunto es decisivo, el Grupo Popular ha preferido sugerir instar “a la Junta dentro de sus competencias” y al consejo regulador de la IGP a paralizar un posible proceso de traslado de la sede a Zamora. El acuerdo incluye también el compromiso de la Diputación de apoyar cuantos pasos e iniciativas se den en defensa de la permanencia de la IGP en Aranda.

En cuanto a la proposición en la que el PSOE pedía a la Diputación que instara a la Junta a mantener los plazos de certificación y justificación de las obras de las áreas de rehabilitación integral (ARI) de Melgar de Fernamental y Castrojeriz, que la Consejería de Fomento quiere adelantar desde el 31 de octubre al 31 de julio del presente año, también ha obtenido el apoyo por unanimidad del Pleno.

 

El objetivo es que los vecinos/as promotores de obras en estos proyectos no se vean ante la incertidumbre de si perderán las subvenciones de la Consejería de Fomento al no poder cumplir con los plazos de justificación y certificación de obra.