La nueva normativa responsabiliza a los conductores en caso de atropello de animales / Burgos se encuentra a la cabeza de la Región en número de accidentes de este tipo: en 2013, se produjeron más de 1.600 

El PSOE advierte de que la provincia será la más perjudicada de la Comunidad por la nueva Ley de Tráfico, aprobada en marzo en el Congreso con el voto del Partido Popular. Una normativa que hace responsables a los conductores que se vean involucrados en accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas además de eximir toda responsabilidad al dueño del coto.

 

El diputado provincial Javier Lezcano explica que esta medida damnifica especialmente a Burgos donde, por ejemplo, en 2013 se produjeron 1.614 accidentes a causa de un animal y es la provincia de la Comunidad que registra, con diferencia, el mayor número de incidencias relacionadas con esta causa.

 

Además, los siniestros han aumentado de manera considerable desde 2010, cuando se produjeron 1.380. De esta manera, el incremento desde este ejercicio a 2013 es de casi un 17%.  Además, Lezcano recuerda que la Comunidad posee una gran superficie con derechos cinegéticos y, en concreto, Burgos cuenta, aproximadamente, con 900 cotos privados de caza.

 

Igualmente, el diputado provincial considera que esta Ley es una “oportunidad perdida” para modernizar la actual normativa y una “frustración”, ya que el PP “ha obviado” temas tan importantes como la inclusión de una directiva para el intercambio de información que permita sancionar determinadas infracciones cuando se cometan con un vehículo matriculado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se cometió la falta. 

 

Lezcano critica que, además, el PP pretendiera cambiar en el Senado el sistema de cursos de recuperación de puntos y pusiera en cuestión “un modelo de éxito de ocho años, reconocido por las asociaciones de víctimas, usuarios e incluso por las universidades de nuestro país”. 

 

“Estamos ante una reforma de la ley que en lugar de responder a una demanda de mejorar la seguridad, se centra en establecer obligaciones para favorecer intereses, desde luego, más que cuestionables”. También lamenta el diputado provincial que, al amparo de una supuesta defensa de la seguridad, “se introducen nuevas obligaciones y prohibiciones y se aumentan las sanciones de forma desproporcionada”.