El Grupo Provincial Socialista pedirá al Juzgado que investigue la filtración y desaparición de siete cuadernillos de las pruebas de enfermería y auxiliar de enfermería de la bolsa de empleo de la Diputación si no lo hace la propia Institución. Así lo ha anunciado hoy el portavoz del PSOE, José María Jiménez, al término de la reunión de conclusiones de la comisión de investigación.

 

El portavoz socialista ha expresado su decepción porque el presidente de la comisión, José María Martínez, haya evitado consensuar las conclusiones con los grupos de la oposición y se haya limitado a presentar un informe de dictamen en un folio con el logotipo del PP y elaborado por ese grupo en exclusiva, en el que determina “que no ha pasado nada”, se queja.

 

Según ha explicado, los socialistas discrepan en diez de los doce puntos del documento que ha aprobado la Comisión con los cinco votos a favor de los representantes del PP, el voto en contra de los tres representantes del PSOE y uno más en contra de la representante del Grupo Mixto.

 

Esta investigación, que se abrió a petición de los socialistas después de que trascendiera el enfado de los aspirantes a esta bolsa de sustituciones temporales, por el tipo de preguntas de los test que tuvieron que realizar, como  si les gustaría aprender ruso, y a raíz también de que un periódico publicara fotografías de los exámenes que circularon vía whatsapp, aunque estaban bajo custodia de la Diputación durante todo el proceso, “no ha esclarecido nada”, afirma Jiménez. 

 

Lo único que han confirmado las comparecencias en esta comisión es que los test fotografiados que circularon por mensajería de teléfono móvil eran los que se realizaron en Burgos, que la caja precintada que los contenía se abrió en la Diputación antes del día de las pruebas -1 de junio- y que el diputado de Personal, Rufino Serrano, se empeñó personalmente en que el ejercicio se limitara a un test psicotécnico exclusivamente, tal y como él mismo admitió.

 

Y, mientras que el dictamen de conclusiones del equipo de Gobierno descarta cualquier tipo de irregularidad y respalda al diputado de Personal, Rufino Serrano, aunque su decisión condicionara el proceso de la adjudicación de la elaboración de las pruebas, “lo que sí está demostrado es que el PP cree que pudieron ser colaboradores de la Diputación que vigilaron la realización del examen, personal de la casa, quienes se llevaron a posteriori los siete exámenes que han desaparecido”, ha explicado Jiménez.

El portavoz socialista añade que a esos mismos colaboradores se les atribuye la apertura  en la Diputación de las cajas precintadas que envío la empresa que diseñó las pruebas cinco días antes de su realización, con lo cual, “existe una duda más que razonable sobre si éstas se filtraron antes o después del día del examen”.

Jiménez sostiene que la apertura de las cajas podría haberse evitado si la Diputación hubiera encargado a la empresa que enviara las pruebas ya ensobradas y separadas por aulas o que se podría haber hecho esto el mismo día del examen, “pero se optó por hacerlo antes”. Otra razón que alimenta las dudas del Grupo Socialista sobre la transparencia del proceso es el hecho de que el equipo de Gobierno se apresurara a publicar los listados de puntuación de estas pruebas una semana antes de finalizarse la investigación.

Dadas las circunstancias, los socialistas están convencidos de que solo un juez puede esclarecer lo ocurrido, investigar cómo desaparecieron siete cuadernillos y preguntar a la presidenta del Comité de Empresa de la Diputación, quien recibió un mensaje de whatsapp con la fotografía de los exámenes, cuándo y quién se lo envío.

Para Jiménez, esta es la única salida que le queda a la Diputación si quiere corregir la sensación generalizada de que estas pruebas han estado manipuladas que hay en la calle y averiguar qué ocurrió de verdad. Y no se olvida de las responsabilidades políticas, por lo que el Grupo Socialista insiste en que el diputado provincial de Personal debería dimitir o ser cesado, ya que, además, incumplió el acuerdo alcanzado con la oposición de consultar sobre los tribunales de valoración y dejar que estos eligieran las pruebas de selección. En caso contrario, recuerda Jiménez, “la propia ley establece que el responsable máximo del área de Personal en la Administración es el presidente, por lo que César Rico debería asumir responsabilidades”.

La próxima semana la Institución provincial deliberará sobre el resto de categorías de esta bolsa de empleo en una comisión de Personal, pero la cuenta atrás para el equipo de Gobierno ha comenzado: si en el próximo Pleno, previsto para julio y en donde ha de aprobarse el dictamen de la comisión de investigación, no rectifica y adopta medidas para llevar el asunto a los juzgados, lo hará el PSOE.