El Grupo Provincial Socialista ha vuelto a la batalla con los precios públicos que la Diputación está cobrando a los usuarios/as de las residencias de mayores. Después de convencer a la Institución provincial para que los equiparara a los de las residencias de la Junta y de lograr una rebaja para los residentes válidos, el PSOE ha detectado errores en la aplicación de la ordenanza que estarían perjudicando gravemente a quienes no disponen de la capacidad económica suficiente como para pagar 45 euros por día.

Para los socialistas, el uso de estas residencias no debería generar deuda a quienes no puedan cubrir su precio con el 90% de su capacidad económica, que se cuantifica en función de la renta económica que reciben al año más el 5% de su patrimonio. Sin embargo, la Diputación acumula en forma de deuda la cantidad que no alcanzan a abonar la totalidad del precio y se lo llega a detraer incluso de la herencia de su patrimonio cuando fallecen.

La diferencia es sustancial, por lo tanto, con respecto a los criterios por los que la Junta se rige a la hora de aplicar la ordenanza de precios públicos de sus centros residenciales, ya que aplica el precio en función de lo que el usuario dispone, mientras que la Institución provincial cobra 45 euros por día a todos, con independencia de su capacidad económica.

Dadas las circunstancias, el Grupo Provincial Socialista espera que la Diputación ofrezca una respuesta positiva al recurso de reposición que presentó en el pasado mes de abril en contra de 220 decretos en los que esta Institución reclamaba liquidaciones complementarias a los usuarios. El PSOE quiere que se declaren nulos y que la Diputación deje de considerar como renta el capital mobiliario de los usuarios y usuarias de las residencias de mayores.

 

Los socialistas reclaman, por lo tanto, la devolución de las demasías porque, de lo contrario “podríamos estar ante un caso de enriquecimiento injusto de la Administración”, según el portavoz del PSOE en la Diputación, José María Jiménez.