El Grupo Provincial Socialista está dispuesto a llevar a los tribunales la aplicación de la ordenanza de precios públicos que está llevando a cabo la Diputación en sus centros residenciales de mayores si no rectifica y la equipara a la que está haciendo la Junta. 

 

Los socialistas han presentado una proposición para su debate y aprobación en el Pleno de mañana, en la que instan al equipo de Gobierno a que considere la capacidad económica de los usuarios y usuarias de las residencias de mayores y no solo la tarifa del artículo 5 para establecer el precio público de las mismas. Esta petición, en la práctica, se traduce en que la Diputación tome como referencia de la capacidad económica de los y las residentes sus pensiones, pero no sus ahorros y su patrimonio personal.

 

Según explica el portavoz del PSOE, José María Jiménez, en la actualidad la Diputación está cobrando los 45 euros por día (1.350 euros mensuales) a los usuarios en base al 90% de su renta y, en el caso de quienes no pueden afrontar este coste, les detrae, además, un 5% de sus ahorros o su patrimonio, en el caso de que lo tengan. De esta forma, están produciéndose situaciones en las que muchos herederos se encuentran con una reclamación de deuda sobre la vivienda de los residentes tras su fallecimiento, porque la Diputación inscribe en el Registro de la Propiedad un apunte contable en el que advierte de la misma. Y en el caso de quienes disponen de ahorros en líquido, se lo está cobrando directamente.

 

Para los socialistas, este sistema de cobro constituye una injusticia y una “estafa política”, ya que la Junta se ciñe al 90% de la capacidad económica de los residentes y es precisamente esto lo que pidió el PSOE en una proposición al Pleno que el PP aprobó, equiparar la aplicación de la ordenanza de la Diputación a la de la Administración autonómica. Sin embargo, la realidad es distinta y está generando graves perjuicios a los usuarios de los centros residenciales de la Institución provincial y a sus familiares. Muchos de ellos acudieron al Procurador del Común, que les dio la razón.

 

Sin embargo, la postura del equipo de Gobierno de la Diputación permanece inamovible, pese a que, según Jiménez, “existen informes en la Casa que dicen que se está aplicando mal esta ordenanza”. De hecho, el PP ha rechazado los 220 recursos de reposición que el Grupo Socialista presentó hace dos meses contra otras tantas liquidaciones pendientes de las que la Diputación informó a usuarios y familias de las residencias. “Algunas, cerca de una quincena, se han asustado y han pagado aunque no tienen la obligación; pero la mayoría presentaron un recurso, como hemos hecho nosotros”, señala el portavoz socialista.

 

Jiménez cree que la respuesta del PP ha sido el rechazo, porque de admitir el recurso, podría plantearse la obligación de devolver las cantidades cobradas de más, pero el Grupo Socialista volverá a intentar mañana en el Pleno que la Diputación rectifique y aplique esta ordenanza de la misma forma que la Junta. En caso contrario, acudirá a los tribunales.

El portavoz socialista recuerda que, lo que sí modificará la Diputación en el Pleno de mañana es el precio que cobra a los residentes válidos, que pasará a ser de 31 euros por día, en lugar de 45, tal y como acordó la Corporación a propuesta del PSOE. 

 

La segunda proposición que el Grupo Provincial Socialista someterá a debate para su aprobación en el Pleno de mañana va dirigida a instar a la Junta de Castilla y León a dotar de contenido los centros de recepción de visitantes de Atapuerca e Ibeas de Juarros. Dos infraestructuras cuya construcción supuso una inversión global de 8 millones de euros y que, en la actualidad, según el diputado provincial Javier Lezcano, están desaprovechadas, porque apenas reciben visitas, salvo en momentos puntuales, ni prestan muchos servicios.

 

Lezcano considera que la mala gestión de la Junta es la causa de que los turistas que acuden a los yacimientos de Atapuerca, realicen la excursión al parque y se marchen a continuación, sin detenerse en las localidades que acogen los centros de recepción. Por eso, propone que la Diputación inste a la Junta a escuchar las propuestas que la Fundación Atapuerca realizó a la Consejería de Cultura y Turismo para estos centros.