El portavoz del Grupo Provincial Socialista, José María Jiménez, considera difícil que el PSOE apoye el borrador del Presupuesto que la Diputación ha elaborado para 2015. Entre otras cosas, porque el documento contempla una partida de inversión de 2,5 millones para adquirir un nuevo edificio que acoja los servicios dispersos que tiene esta Institución, “y éste no es el momento, aunque sea necesario”, ha dicho.

 

A Jiménez le preocupa, además, que los 1,5 millones de euros que contemplan las cuentas de ingresos por venta de patrimonio para el próximo ejercicio obedezcan a la intención de financiar esta operación mediante la venta del suelo, una práctica habitual del Ayuntamiento de Burgos que ha resultado ser un fracaso.

 

En ese sentido, ha criticado que los 5 millones de euros en los que crecerá la inversión para el próximo año se “quedarán en la casa, en lugar de redundar en beneficio de los pueblos”, porque, de esta cantidad saldrá la financiación del nuevo inmueble que quiere comprar el equipo de Gobierno, otro millón de euros para la reforma de edificios y otro para la renovación de equipos informáticos.

 

El otro obstáculo de peso que el Grupo Socialista encuentra para apoyar el borrador que ha presentado el equipo de Gobierno es la falta de un compromiso de financiación por parte de la Junta del mantenimiento de las cinco residencias de mayores que gestiona la Diputación, presupuestado en 17 millones para el año que viene, a pesar de que el presidente César Rico “lleva un año hablando de que está trabajando en resolver este marco de financiación autonómica derivado de la reforma local”.

 

Otro aspecto importante que impide a los socialistas apoyar estas cuentas es que la Diputación sigue sin elaborar aún la revisión de la ordenanza de precios públicos de las residencias, a pesar de que se comprometió a ponerla en vigor en enero de 2015, mediante acuerdo plenario y a instancias del PSOE.  De hecho, lejos de salvar este escollo, lo que contempla el borrador del presupuesto es un incremento del 1,41% en los ingresos derivados del cobro de los precios de estos centros.

 

Jiménez recuerda que lo que los socialistas reclamaron es que la Institución provincial aplique los mismos criterios que la Junta en sus residencias, de tal manera que tenga en cuenta la capacidad económica de sus usuarios. En definitiva, que deje de generar deuda a quienes no tengan recursos económicos y se les deje de detraer de su patrimonio lo que no puedan pagar, una práctica habitual de la Diputación, que este año aprobó numerosos decretos de reclamación a los residentes en ese sentido y que el PSOE recurrió.

 

En su análisis del documento, el Grupo Socialista también señala algunos aspectos positivos, como que la Diputación haya decidido consolidar en sus presupuestos el millón de euros que incluyó para servicios sociales este año a propuesta del PSOE, aunque el que viene serán 900.000 euros. En este apartado, Jiménez subraya que el aumento del presupuesto de Acción Social previsto que ha “vendido” César Rico en su presentación ante los medios apenas alcanza el 1,25%, unos 100.000 euros.

 

También valora Jiménez la previsión de mantener el Plan de Empleo que la Institución provincial ha puesto en marcha en 2014 a propuesta de los socialistas, aunque precisa que “este año ha resultado insuficiente para satisfacer la demanda y se quedaron muchos pueblos fuera, con lo que, tal vez fuera necesario un mayor esfuerzo económico para 2015 en esta convocatoria”.

 

Los socialistas se consideran, además, corresponsables de la disminución del endeudamiento previsto para el próximo ejercicio a un 43%, “porque en nuestras propuestas nos hemos expresado en esta línea siempre y nunca hemos pedido que la Diputación hiciera un esfuerzo inversor excesivo”.

 

Pero también ha habido críticas a otras previsiones que Rico anunció como bondades, como es el plan de promoción para los trabajadores. Jiménez le pide seriedad en sus propuestas y le recuerda la paralización de la convocatoria de las 12 categorías pendientes de las bolsas de empleo para sustituciones, “porque nuestra denuncia en la Fiscalía sobre lo acontecido con las pruebas de enfermería y auxiliar de enfermería no es una excusa válida”.